27 de noviembre de 2025, 10:20 p.m.
Hay verdades que duelen no por nuevas, sino porque llevan demasiado tiempo sin resolverse. En Colombia, pedir justicia se ha vuelto un acto de fe más que un derecho, en su más reciente entrevista con Caracol Radio, Abelardo De La Espriella puso el dedo en una herida que atraviesa a todo el país: lo que debería ser un pilar de la democracia terminó convertido en una estructura lejana, lenta y profundamente indiferente.
Y cuando la justicia se vuelve inaccesible, no sólo se violan derechos: se rompe el contrato moral entre el Estado y su gente.
De La Espriella explicó sin rodeos que el problema no es únicamente la lentitud o la burocracia: es el abandono. Millones de colombianos saben que, si les roban, si los extorsionan, si los amenazan, si los dañan, no pasa nada. La impunidad dejó de ser una excepción para transformarse en la regla cotidiana.
Colombia convive con índices alarmantes de impunidad, cifras que en 2024 ascienden al 93 % de procesos activos que han quedado “estancados” en la etapa preliminar de indagación, sin avanzar a la etapa de juicio, así lo confirmó el informe de la CEJ (Corporación Excelencia en la Justicia) alegando que:
“En 2024, de los 1,45 millones de casos evacuados, un 81,9 % fue por archivo y solo el 3,7 % llegó a ser decidido por los jueces de la República en primera instancia. Ciudades como Bogotá exhiben una tasa de archivo superior al 90 %, lo que significa que 9 de cada 10 casos cerrados en la capital no tuvieron un responsable penal o una decisión de fondo”.
Esa percepción de que la justicia no funciona no es un detalle menor. Es el tipo de fractura que rompe la confianza institucional y convierte al ciudadano en un espectador impotente. Porque, como advirtió, “las instituciones son lo que la gente cree que son”, y hoy la gente cree, con razón, que no hay justicia.
Para el precandidato presidencial, la reforma no se trata de discursos técnicos, sino de devolverle al pueblo un derecho que le arrebataron. Descongestionar los despachos, modernizar los procesos y garantizar que el ciudadano pueda obtener respuestas reales son prioridades que, por décadas, se han aplazado.
La impunidad masiva no solo afecta la seguridad y la economía: erosiona la moral pública, destruye la esperanza y convierte al Estado en un espectro incapaz de responder. Romper ese ciclo requiere voluntad política, pero también un pacto social alrededor de la verdad: sin justicia, la democracia se desnaturaliza.
Insistió en que cualquier transformación debe hacerse de manera concertada, dialogada y con un espíritu reparador. La justicia no puede seguir siendo una torre aislada donde las decisiones se tomen sin escuchar a quienes más la necesitan.
Ese espíritu de concertación no implica renunciar a la firmeza; implica construir una reforma que funcione para la gente común, no para las élites judiciales ni para la clase política que siempre ha manipulado los tiempos, los procesos y los intereses.
El líder de Defensores de la Patria concluyó en términos contundentes: la justicia debe llegar a quien madruga, a quien trabaja, a quien sufre la violencia, a quien paga impuestos, a quien no tiene abogados de élite. De nada sirve un código bien escrito si el ciudadano no puede acceder a él.
Que Colombia sea un país donde la impunidad “deje de ser la constante” no es un lujo: es la única manera de reconstruir la confianza nacional.
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