27 de noviembre de 2025, 10:30 p.m.
En la entrevista que llevó a cabo, el precandidato presidencial Abelardo De La Espriella con Caracol Radio, dejó al descubierto una de las más profundas crisis, en Colombia en el marco internacional del Derecho Internacional Humanitario ha terminado, en la práctica, limitando a la fuerza pública mientras los grupos ilegales avanzan con armamento superior.
El resultado es tan absurdo como peligroso: los héroes del país combaten en desventaja dentro de su propio territorio.
Abelardo De La Espriella expuso un hecho que pocos ciudadanos conocen, pero que los soldados tienen claro. Mientras los narcoterroristas portan fusiles calibre 7.62 (armas potentes, de alto impacto), los protocolos del DIH han restringido al Estado colombiano al calibre 5.56, un armamento claramente inferior.
La ecuación es brutal: grupos criminales con fusiles más fuertes, más letales y sin ninguna restricción moral; soldados y policías obligados a combatir con menos capacidad de fuego y vigilados por un régimen jurídico que los trata como si fueran el bando agresor.
Esta desproporción, explicó De La Espriella, no es casual: forma parte de una estrategia ideológica internacional que ha debilitado la moral de la fuerza pública y ha puesto a los uniformados en condición de desventaja frente al narcoterrorismo.
La realidad es que los criminales no respetan normas, pero los soldados sí cargan con ellas en cada operación. En su análisis, De La Espriella subrayó que muchos de esos convenios internacionales se firmaron sin medir las consecuencias reales sobre la seguridad del país. No son textos inofensivos: han moldeado una doctrina que, en la práctica, le da prerrogativas al criminal mientras encadena al soldado que arriesga la vida.
Cuando un Estado no puede usar el armamento necesario para defender su territorio, la ley deja de proteger y empieza a estorbar. Ahí es donde la justicia se vuelve injusticia. Por eso fue contundente: una revisión profunda de esos convenios es impostergable. No para desconocer los compromisos del país, sino para garantizar que ningún tratado internacional esté por encima del derecho fundamental de la nación a defenderse.
El punto central de su postura fue directo y sin ambigüedades: en un gobierno de Abelardo De La Espriella, los derechos de los soldados y policías están primero. Y lo dijo literalmente: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto para ellos. Los criminales, los ilegales, los narcoterroristas vienen después.
No es una frase retórica: es una declaración de ruptura con el enfoque actual, en el que el Estado ha terminado dedicando más recursos jurídicos a “proteger” derechos de ilegales que a garantizar la vida de quienes patrullan las carreteras, los ríos y las fronteras.
La tesis de De La Espriella es clara: no puede haber seguridad mientras el Estado siga actuando como si sus propios uniformados fueran culpables de antemano. Recuperar la moral de la fuerza pública implica devolverles el respaldo que durante años se les negó. Implica reconocer que no hay paz posible si quienes defienden a Colombia están desmoralizados, desarmados y expuestos por decisiones tomadas en escritorios muy lejos de la realidad del conflicto.
El líder de Defensores de la Patria fue explícito: nada que no convenga al pueblo colombiano se mantendrá intacto. La fuerza pública debe recuperar la ventaja estratégica, la moral y la protección jurídica que se le arrebató.
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