18 de diciembre de 2025, 10:40 pm
Abelardo De La Espriella en una conversación reciente con el abogado Johnny Romero Osorio abordó el colapso estructural de la justicia penal y la necesidad de que todo el engranaje judicial funcione como un sistema articulado, no como piezas sueltas que se contradicen entre sí.
En Colombia se ha instalado una discusión recurrente sobre la necesidad de imponer penas más severas frente al aumento del crimen. Sin embargo, ese debate suele quedarse en la superficie y evita el problema de fondo, la desconexión entre las leyes, las sanciones y el funcionamiento real del aparato judicial.
El problema no está únicamente en la falta de normas. Colombia cuenta con un robusto marco legal, múltiples tipos penales y sanciones que, sobre el papel, parecen suficientes. El verdadero vacío aparece cuando esas leyes no se ejecutan correctamente. Capturas que no prosperan, procesos que se caen por errores elementales y decisiones judiciales que liberan a delincuentes sorprendidos en flagrancia son síntomas de una justicia desarticulada.
Según lo expuesto por el candidato, entre un 35 % y un 40 % de las capturas en flagrancia terminan con los responsables en libertad. Aunque la cifra es aún más alarmante, en una reciente entrevista Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Nacional de Bogotá le explicó al programa Hablemos Claro que cerca del 75 % de los capturados a nivel nacional en flagrancia quedan en libertad, por decisión de un juez o un fiscal.
El sistema penal es una cadena que comienza con la redacción de la ley, continúa con la actuación de la fuerza pública, la legalización de la captura, la imputación, el juicio y, finalmente, la sanción. Cuando uno solo de esos pasos se rompe, todo el sistema colapsa.
No sirve de nada aprobar leyes más severas si los jueces no las aplican. Tampoco sirve una captura eficiente si el proceso judicial se diluye en formalismos mal ejecutados. La ausencia de articulación entre sanciones y aparato judicial es, en la práctica, una invitación a la reincidencia.
La justicia no se mide únicamente en estadísticas, sino en percepción. Cuando un ciudadano ve que un delincuente capturado vuelve rápidamente a la calle, el mensaje es devastador. No solo se pierde confianza en los jueces, sino en el Estado mismo. Las instituciones, como se señaló en la conversación, valen lo que la gente cree que valen. Y hoy, para muchos colombianos, la justicia no vale nada.
Esta desconexión también afecta a la fuerza pública. Policías y soldados que arriesgan su vida para capturar criminales ven cómo su esfuerzo se diluye en despachos judiciales ineficientes. El resultado es desmotivación institucional y una peligrosa sensación de inutilidad del cumplimiento del deber.
El mensaje de fondo no es simplemente “castigar más”, sino castigar mejor. Para ello, el aparato judicial debe alinearse con las leyes y las sanciones, operar con rigor técnico, coherencia institucional y sentido de responsabilidad frente a la sociedad.
Sin esa articulación, cualquier reforma penal será cosmética. La justicia seguirá siendo lenta, selectiva e ineficaz. Y mientras eso ocurra, la impunidad continuará siendo el verdadero sistema que rige en Colombia.
La advertencia es clara, sin un aparato judicial que funcione en armonía con las leyes que impone y las sanciones que promete, no hay justicia posible, solo un Estado que aparenta ejercer autoridad mientras la pierde día a día.
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