18 de diciembre de 2025, 10:30 pm
En un país atravesado por la violencia, donde los delitos más graves ya no sorprenden sino que se repiten con alarmante frecuencia, el debate sobre el derecho penal suele quedarse en la superficie. Se discute la severidad de las penas, se etiqueta con ligereza a quienes proponen cambios y se reduce la conversación a consignas como “populismo punitivo”. Sin embargo, hay una dimensión menos explorada y profundamente necesaria: la función pedagógica y explicativa del penalista frente a la sociedad.
Esa fue una de las reflexiones centrales que planteó Abelardo De La Espriella en una conversación reciente con Jhonny Romero Osotrio al abordar su visión sobre el rol de los abogados penalistas, el sentido de la pena y la necesidad de fortalecer el mensaje del Estado frente al crimen.
Para De La Espriella, el penalista cumple una función que va mucho más allá de la defensa técnica o la acusación. Su papel, afirma, se asemeja al de un escultor: alguien que toma un bloque sin forma—el expediente, los hechos, la conducta humana— y le da forma para que la sociedad pueda entender qué ocurrió realmente.
Explicar por qué una persona que creció en un entorno similar al de cualquier ciudadano termina asesinando a su pareja o cometiendo actos extremos de violencia no es un ejercicio morboso ni justificatorio. Es, en esencia, una tarea de comprensión social. Sin esa explicación, la violencia se vuelve incomprensible, y lo incomprensible se repite.
Desde su experiencia en el aparato judicial, De La Espriella sostiene que el derecho penal ha fallado en comunicar a la ciudadanía el “por qué” de los crímenes. Cuando la justicia se limita a condenar o absolver sin explicar se rompe el vínculo entre la ley y la sociedad.
Uno de los cuestionamientos más frecuentes a su postura es la acusación de populismo punitivo. Él no la esquiva. Al contrario, la enfrenta directamente. Reconoce que colegas del mundo jurídico se incomodan con su discurso, pero insiste en que ese rechazo muchas veces nace de una mirada teórica desconectada de la realidad criminal del país.
A su juicio, el problema no es hablar de penas más severas, sino negarse a reconocer que la resocialización, aunque importante, no es suficiente en contextos de violencia extrema. En Colombia el derecho penal también debe cumplir una función disuasiva clara, enviar un mensaje que actúe como barrera para evitar que otros cometan los mismos delitos.
El castigo, en ese sentido, no es solo una consecuencia individual, sino un lenguaje del Estado. Cuando ese lenguaje es débil o ambiguo, el mensaje que reciben los potenciales delincuentes es de permisividad.
Frente a quienes descalifican este enfoque con etiquetas ideológicas, De La Espriella propone mirar los datos. Recuerda que en casos específicos, como los ataques con ácido, la adopción de leyes más estrictas tuvo efectos medibles. Las estadísticas muestran una reducción posterior a la implementación de normas más duras, lo que desmonta la idea de que el endurecimiento penal es inútil por definición.
Sin embargo, también reconoce que leyes más severas no son una varita mágica. El caso de los feminicidios demuestra que el problema es más complejo: las cifras siguen siendo alarmantes incluso después de reformas legales. Para él, eso no invalida la necesidad de penas firmes, sino que evidencia fallas estructurales en la prevención, la judicialización y la aplicación efectiva de la ley.
Desde su ejercicio profesional, recuerda que su deber como penalista siempre fue el mismo, si el expediente probaba la inocencia, llegar hasta donde fuera necesario para lograr la absolución; si probaba la culpabilidad, buscar el mal menor dentro del marco legal.
Esa visión desmonta la caricatura del “punitivista a ultranza”. Para De La Espriella, un sistema penal fuerte no es arbitrario, sino riguroso, coherente y capaz de diferenciar. La severidad sin justicia es abuso; la indulgencia sin criterio, impunidad.
En última instancia, su planteamiento converge en una idea central, el derecho penal no puede limitarse a reaccionar. Debe explicar, prevenir y comunicar. La sociedad necesita entender cómo se gesta el crimen, por qué ocurre y qué consecuencias tiene, solo así se construye un consenso real sobre la ley y su autoridad.
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