18 de diciembre de 2025, 11:40 pm
Uno de los mayores vacíos del sistema judicial colombiano no está en la ausencia de normas, sino en la falta de consecuencias reales cuando esas normas se incumplen.
Ese diagnóstico fue planteado con claridad en un reciente diálogo sostenido por Abelardo De La Espriella con el periodista Jhonny Romero, donde se abordó una de las prácticas más nocivas de la justicia penal, dejar vencer los procesos sin que nadie asuma responsabilidad institucional por ello.
En el debate público suele presentarse la prescripción como un fallo aislado o un error administrativo. Sin embargo, lo que se evidencia en la práctica es que en múltiples procesos, la prescripción se convierte en la estrategia central de defensa, aprovechando una justicia lenta, desarticulada y sin controles efectivos.
Cuando los términos no se cumplen y no ocurre absolutamente nada, el mensaje es claro, dejar vencer un proceso no tiene costo. Ni para el juez, ni para el fiscal, ni para el funcionario responsable del trámite. Esa ausencia de consecuencias es lo que termina incentivando el incumplimiento sistemático.
Durante la conversación, se planteó una distinción clave que rara vez se discute con profundidad, no basta con hablar de términos perentorios si estos no son exigibles. En Colombia, los plazos existen en el papel, pero carecen de un mecanismo automático que obligue a su cumplimiento.
La propuesta del candidato va más allá de exhortaciones morales o llamados a la eficiencia. Lo que se plantea es la necesidad de establecer términos obligatorios acompañados de sanciones disciplinarias automáticas, objetivas y verificables. No se trata de interpretar intenciones, sino de hechos concretos: si un término se vence sin justificación legal válida, debe activarse una consecuencia inmediata.
Uno de los ejes centrales del planteamiento que realiza De La Espriella es eliminar la discrecionalidad excesiva. Cuando todo queda sujeto a evaluaciones posteriores, comisiones internas o investigaciones que nunca concluyen, el sistema se protege a sí mismo y no a la sociedad.
La idea de sanciones disciplinarias automáticas busca romper ese círculo. Si un funcionario no cumple los términos establecidos por la ley, la consecuencia no debería depender de interpretaciones políticas o corporativas. El incumplimiento objetivo debe generar una sanción objetiva que puede ir desde la separación del cargo hasta la imposibilidad de continuar ejerciendo funciones judiciales.
En un país con altos niveles de criminalidad cada proceso que prescribe es un mensaje de impunidad. No solo para el responsable del delito, sino para toda la sociedad que observa cómo el tiempo reemplaza a la justicia.
Cuando los procesos prescriben de manera sistemática, se erosiona la confianza en el Estado y se consolida la idea de que la ley es negociable. Esa percepción es especialmente dañina en contextos donde la violencia, la reincidencia y el crimen organizado dependen precisamente de la debilidad institucional.
Otro punto clave que plantea el líder de Defensores de la Patria es que la reforma no es técnica, sino de autoridad. Las soluciones existen, los diagnósticos están claros y los modelos comparados muestran que es posible exigir resultados. Lo que ha faltado, según se señaló, es carácter para tomar decisiones que incomodan a estructuras enquistadas en el aparato judicial.
La discusión sobre términos obligatorios y sanciones automáticas apunta, en última instancia, a devolverle eficacia al sistema judicial. La justicia tardía no es justicia. Y una justicia que permite que los procesos mueran por inacción termina siendo funcional al delito.
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