05 de diciembre de 2025, 10:24 pm
En su conversación con Revista Semana, Abelardo De La Espriella volvió sobre un punto que, lejos de ser técnico, define la salud democrática de un país: el acceso real a la justicia. Para él, el debate no empieza con la elección del fiscal, del procurador o del contralor —aunque reconoce que alguna revisión podría ser necesaria—, sino con una pregunta mucho más simple y más brutal ¿Puede un ciudadano común obtener justicia en Colombia?
La respuesta, según su lectura, es un no rotundo. Y lo argumenta con cifras implícitas, historias concretas y un diagnóstico que no necesita adornos: la justicia, tal como está, se volvió un privilegio.
El precandidato presidencial plantea que hoy el país vive un divorcio peligroso entre las instituciones judiciales y la percepción social. “Las instituciones son lo que la gente cree que son. Y hoy la gente cree que la justicia es injusta”.
Describe un país donde la impunidad dejó de ser una excepción y se volvió paisaje, donde capturas en flagrancia caen ante jueces que declaran nulidades por tecnicismos irrelevantes, y donde el ciudadano siente que no hay consecuencias reales para el crimen.
El foco de su propuesta es concreto: no hay reforma judicial que valga si el ciudadano de a pie no puede acceder a ella. Esto implica, para él, un sistema descongestionado, decisiones oportunas, procesos que no dejen libres a delincuentes por fallas de procedimiento y una articulación real entre la fuerza pública y los jueces.
La anécdota que contó en Semana lo ilustra con crudeza: un policía sorprende a un hombre intentando abusar de su hija, lo captura: a los tres días el agresor está libre, burlándose desde la esquina.
“¿Cómo crees que va a terminar eso?”, pregunta De La Espriella. La respuesta es obvia y dolorosa: mal, porque cuando la justicia no actúa, la gente actúa por su propia mano. Y ese es el síntoma final de un sistema que colapsó.
Para el líder de Defensores de la Patria la discusión no es abstracta. Los jueces pueden hablar de garantías, de jurisprudencia y de estándares internacionales, pero si el resultado final es que un criminal reincidente vuelve a las calles a extorsionar, robar o asesinar, algo falló en la médula del sistema.
Por eso insiste en tres criterios: eficacia, asertividad y resultados.
No se trata de eliminar garantías, sino de evitar que las garantías se conviertan en excusas. Porque —y aquí es donde endurece el trazo— la fuerza pública cumple su parte, pero cuando los delincuentes salen por la puerta giratoria del sistema judicial, lo que se vulnera no es sólo la ley: es la moral pública.
En la entrevista, De La Espriella señala un fenómeno que para él está alimentando la crisis, delitos como la extorsión, el hurto agravado y el homicidio se han vuelto pandemias. Y aun así, demasiados casos terminan sin condena porque la judicialización falla.
Esto, desde su perspectiva, erosiona directamente la autoridad del Estado. Si la justicia no castiga, el criminal no teme. Y si el criminal no teme, la ciudadanía vive sitiada.
Asimismo, lo confirmo El Tiempo en 2024 asegurando que “el 83,6 % de los colombianos no acude al sistema judicial ante conflictos” obtenido por el informe Justicia Como Vamos, “la gran mayoría de la población encuestada considera que los jueces y fiscales son influenciables por circunstancias y factores externos tales como el poder, el dinero, los políticos y los medios de comunicación”, dice el estudio de la Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación Corona, Red de Ciudades Cómo Vamos y la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).
¿Reformar cómo se elige al fiscal o al procurador? No es lo urgente
Semana le planteó un debate recurrente: cambiar la forma en que se elige al fiscal, al contralor y al procurador. Su respuesta fue la de alguien que no quiere distraerse con reformas cosméticas: “Hay otras prioridades más importantes”.
Para él, la discusión institucional sobre elecciones de altos dignatarios puede darse, pero no debe ser el eje. Lo esencial —repite— es construir una justicia que funcione para el ciudadano común, no sólo para los expertos.
De La Espriella no está hablando de códigos, sino de una urgencia nacional: la justicia dejó de ser confiable para la mayoría de los colombianos.
Y si la justicia pierde su credibilidad, pierde todo lo demás: la autoridad moral, la capacidad de prevenir el crimen, el respeto ciudadano y el fundamento del Estado de Derecho.
Su propuesta apunta justamente a invertir esa caída, una justicia que llegue, que actúe y que castigue. Una justicia que no sea un privilegio sino una garantía.
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