17 de diciembre de 2025, 10:00 am
En Colombia, la extorsión dejó de ser un delito marginal para convertirse en una economía criminal estructurada que afecta por igual a grandes empresarios, comerciantes medianos y pequeños negocios de barrio. En muchas ciudades, abrir la persiana cada mañana implica pagarle primero a la delincuencia.
Este fenómeno no es aislado ni espontáneo. Responde a una lógica clara, mientras el Estado se repliega, las bandas criminales ocupan el espacio. El resultado es una red de control urbano que cobra “vacunas”, impone reglas y castiga a quien se niegue a pagar.
Durante los últimos años, la violencia se redistribuyó. Las zonas rurales quedaron bajo control de estructuras narcoterroristas, mientras que las ciudades fueron copadas por bandas dedicadas a la extorsión, el microtráfico y el control territorial. Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá y otras capitales regionales registran un aumento sostenido de este delito.
Según el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, esta fragmentación criminal no es casual. En una reciente entrevista concedida a Jhonny Romero Osorio, sostuvo que el actual modelo de seguridad terminó entregando las regiones y las ciudades a distintos actores ilegales, sin una respuesta integral del Estado.
A diferencia de otros delitos, la extorsión tiene una particularidad, se basa en la repetición diaria. No busca un golpe único, sino un flujo constante de dinero. Por eso afecta con especial dureza a los pequeños comerciantes, tenderos y trabajadores informales que viven del día a día.
De La Espriella puso un ejemplo revelador: la “viejita del barrio” que debe pagar unos pocos miles de pesos diarios para poder abrir su tienda. Esa suma, insignificante en apariencia, representa para muchos la diferencia entre sobrevivir o cerrar. Cuando el Estado no protege al más débil, el crimen se legitima.
Investigaciones periodísticas recientes han evidenciado que una parte significativa de las extorsiones se ordena desde centros penitenciarios, donde operan verdaderos “call centers del delito”. En Colombia, al menos 26 personas al día son víctimas de extorsión originada desde cárceles, según reveló Noticias Caracol, un fenómeno que incluye amenazas de muerte, videos intimidatorios y cobros sistemáticos que pueden ir desde pequeñas sumas diarias hasta exigencias extraordinarias que buscan quebrar a las víctimas
Frente a este escenario, De La Espriella planteó la creación de bloques de búsqueda urbanos, especializados en identificar, capturar y judicializar a los jefes de las bandas extorsionistas que operan en las principales ciudades del país. No se trata de operativos dispersos, sino de estructuras permanentes de inteligencia, investigación y acción directa.
La propuesta apunta a un principio básico que busca atacar la cabeza de las organizaciones. La experiencia histórica demuestra que golpear a los líderes desarticula redes, rompe cadenas de mando y reduce la capacidad de intimidación sobre la población civil.
Uno de los ejes centrales del planteamiento es que la lucha contra la extorsión no puede distinguir entre tamaños. Proteger al gran industrial es importante para la economía nacional, pero proteger al pequeño comerciante es esencial para la cohesión social.
De La Espriella insistió en que el Estado no puede permitir que la extorsión se normalice como un “costo de operación”. Cuando eso ocurre, la legalidad pierde terreno frente al crimen y la confianza ciudadana se rompe.
La extorsión no se combate con acuerdos ni con tolerancia. Se combate con inteligencia, fuerza legítima y judicialización efectiva. Los bloques de búsqueda que propone tendrían como objetivo no solo capturar, sino asegurar condenas que saquen definitivamente a estos jefes criminales de circulación.
El líder del movimiento Defensores de la Patria, fue enfático en señalar que la respuesta debe darse “con las armas del Estado y con las leyes de la República”, subrayando que no se trata de acciones por fuera del marco constitucional, sino de ejercerlo plenamente.
Castigar a los jefes de las bandas extorsionistas no es solo una medida de seguridad es una decisión política para restablecer el orden, proteger la economía popular y devolverle al Estado su función esencial.
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