17 de diciembre de 2025, 10:00 am-
Durante décadas, el conflicto armado colombiano fue presentado y en algunos sectores justificado como una confrontación de origen ideológico. Sin embargo, esa narrativa hoy resulta insostenible frente a la realidad del país. Las estructuras armadas que operan en el territorio nacional ya no responden a causas políticas ni a proyectos sociales y funcionan como organizaciones criminales cuya razón de ser es el narcotráfico.
En conversación con Jhonny Romero Osorio, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella fue enfático en separar dos discusiones que suelen mezclarse de forma conveniente donde la existencia de brechas sociales reales son instrumentalizadas por grupos armados. La desigualdad debe enfrentarse con políticas públicas, no con organizaciones que incineran pueblos, asesinan civiles y financian su operación con droga.
Es cierto que, en su origen, algunos grupos insurgentes como las Farc, el ELN y el EPL intentaron revestirse de un discurso social. Pero ese relato se diluyó hace más de treinta años, cuando la cocaína se convirtió en el motor financiero de la violencia transformando a esas guerrillas en verdaderos carteles armados, con control territorial, rutas internacionales y economías criminales multimillonarias, sin duda, señala el líder de Defensores de la Patria que todas las economías ilegales por las que optaron desplazaron cualquier vestigio de ideología.
Lo que enfrenta Colombia no es un “conflicto interno” clásico, sino una guerra abierta de estructuras narcotraficantes contra el Estado y la sociedad. Secuestros, extorsiones, masacres, reclutamiento forzado y ataques a la población civil no son daños colaterales: son parte del modelo de negocio. En ese escenario, hablar de ideología resulta no solo impreciso, sino ofensivo para las víctimas.
De La Espriella fue especialmente crítico con quienes intentan justificar a estas organizaciones bajo el argumento de la desigualdad o la brecha social. Para él, resulta contradictorio presentar como defensores del pueblo a grupos responsables de masacres, reclutamiento de menores y terror sistemático. “No hay causa social que justifique el narcoterrorismo”, sostuvo.
Llamar a estos grupos por lo que son —narcoterroristas— no es un gesto retórico, sino una condición necesaria para combatirlos. Mientras se les siga otorgando un estatus político ficticio, se perpetúa la impunidad y se posterga la solución. La paz no se construye negociando con carteles armados, sino recuperando el control del territorio y protegiendo a la población civil.
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