16 de diciembre de 2025, 10:50 pm
Durante años, Colombia sostuvo un delicado equilibrio entre autoridad estatal y control territorial. Hoy, ese equilibrio está roto. En amplias zonas del país, el Estado dejó de mandar y el crimen organizado ocupa el vacío. No se trata solo de inseguridad, es una crisis de soberanía.
La expansión de estructuras narcoterroristas, bandas criminales y economías ilegales no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de decisiones políticas que, lejos de fortalecer a la fuerza pública, la debilitaron en presupuesto, respaldo institucional y capacidad operativa. Cuando la autoridad se repliega, el crimen avanza sin resistencia.
Uno de los factores menos visibles, pero más determinantes, ha sido la pérdida de moral dentro de la fuerza pública. Oficiales y soldados fueron removidos, señalados o marginados bajo una lógica de persecución ideológica que fracturó la confianza entre el Estado y quienes tienen la misión constitucional de protegerlo.
Este punto fue abordado por Abelardo De La Espriella en una reciente conversación con el periodista Jhonny Romero Osorio, donde sostuvo que ninguna política de seguridad es viable si quienes la ejecutan sienten que el poder civil no los respalda. Sin respaldo jurídico, político y moral, la fuerza pública queda paralizada frente al crimen.
A la desmoralización se sumó un problema estructural: la falta de recursos. Mientras el presupuesto de defensa se reducía, las organizaciones criminales fortalecían sus finanzas a través del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El resultado fue un desequilibrio evidente entre un Estado debilitado y criminales cada vez más armados y organizados.
De La Espriella fue enfático en señalar que no se puede combatir el crimen del siglo XXI con herramientas del siglo pasado. Drones, inteligencia artificial, sistemas de vigilancia y tecnología de interdicción dejaron de ser un lujo y se convirtieron en una necesidad básica para cualquier país que pretenda recuperar el control territorial.
Hoy, en muchas regiones de Colombia el Estado no ejerce soberanía real. Las bandas ilegales imponen reglas, controlan rutas, administran “justicia” y deciden sobre la vida cotidiana de comunidades enteras. Esta realidad, advierte el candidato presidencial, representa una amenaza directa a la democracia.
En su análisis, la seguridad no es un asunto ideológico, sino constitucional. Sin control territorial, no hay derechos que garantizar ni libertades que proteger. La retoma del territorio —plantea— debe hacerse con la ley en la mano y con una fuerza pública fortalecida, no neutralizada por el miedo a actuar.
Uno de los puntos más sensibles del debate es el concepto de “rearme”. Para De La Espriella, rearmar a la fuerza pública no implica militarizar la sociedad, sino dotar al Estado de las herramientas mínimas para cumplir su función esencial. Un Estado sin capacidad de coerción legítima deja de ser Estado.
El líder de Defensores de la Patria, insistió en la necesidad de reconstruir alianzas estratégicas con países como Estados Unidos e Israel, orientadas a capacitación, inteligencia y tecnología. El crimen organizado opera de manera transnacional; enfrentarlo de forma aislada es, sencillamente, ingenuo.
La crisis de seguridad que vive Colombia no se resolverá con discursos ni con gestos simbólicos. Requiere decisiones firmes, inversión sostenida y un mensaje claro, el Estado no renuncia a su autoridad. La democracia no sobrevive donde el crimen gobierna.
Como quedó planteado en esa entrevista, devolverle la moral, la financiación y la capacidad operativa a la fuerza pública no es una opción política más, sino una condición indispensable para recuperar el orden, la libertad y la institucionalidad en Colombia.
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