17 de febrero de 2026.
No hubo titubeos ni ambigüedades. El candidato presidencial Abelardo De La Espriella fue directo al responder a las insinuaciones sobre una supuesta relación con la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, o con su esposo: no la conoce, no sabe quién es su esposo y no tiene ningún tipo de vínculo con ellos.
La aclaración no fue lateral ni evasiva. Fue frontal. Ante la pregunta concreta sobre cuál es su relación con el esposo de la fiscal, respondió en la entrevista con Blu Radio, que en su vida lo ha visto y que, si se lo pusieran al frente, no sabría quién es. Además, recordó que quien ternó a la fiscal fue el presidente Gustavo Petro, subrayando que no tiene injerencia alguna en ese proceso ni en decisiones institucionales de la Fiscalía.
https://x.com/ABDELAESPRIELLA/status/2021214951960985937
El candidato también rechazó cualquier insinuación de relación con Urrá o con miembros de su junta directiva. Afirmó no conocerlos y no tener ningún tipo de conexión con esa entidad. En su lectura, vincular su nombre con esos escenarios carece de sustento fáctico.
La postura fue clara: no hay relación personal, política ni empresarial con la fiscal, su entorno o estructuras institucionales asociadas. Punto.
Más allá de la desmentida, De La Espriella interpretó estos señalamientos como parte del clima de confrontación electoral. Sostuvo que, en el actual escenario político, donde —según diversas encuestas— la disputa se concentra entre él e Iván Cepeda, surgen narrativas destinadas a desplazar el foco del debate.
En su versión, el intento de instalar un supuesto vínculo con la fiscal busca distraer de la discusión de fondo: el modelo de país que está en juego. Para él, la contienda no es meramente personal, sino ideológica e institucional.
De La Espriella insistió en que el país no puede normalizar que se lancen insinuaciones sin pruebas en medio de una campaña presidencial. A su juicio, ese tipo de prácticas debilita la discusión democrática y sustituye las propuestas por el ruido.
Reiteró que su trayectoria pública ha sido transparente, que no tiene procesos penales ni sanciones disciplinarias y que su vida profesional ha estado enmarcada en la Constitución y la ley.
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