27 de enero de 2026.
En entrevista con Caracol Noticias, el precandidato presidencial Abelardo De La Espriella abordó una de las críticas que con mayor frecuencia le formulan en el debate público: la idea de que el abogado que ejerce la defensa penal está “defendiendo al crimen” y no a la persona. Para De La Espriella, esa afirmación no solo es falsa, sino profundamente antidemocrática.
Lejos de esquivar el tema, el candidato decidió enfrentarlo desde el derecho, la historia y los principios constitucionales. Su postura es clara, sin derecho a la defensa, no hay democracia posible.
El candidato presidencial y líder del movimiento Defensores de la Patria, explicó que su actuación profesional siempre se ha dado dentro de los límites de la ley. Recordó que en Colombia ejerció la defensa de un ciudadano por hechos ocurridos en el país y que, cuando surgieron vínculos que comprometían escenarios internacionales que él desconocía, su actuación fue precisamente sentar a su defendido ante las autoridades estadounidenses para explorar una cooperación judicial.
Cuando esa cooperación no se produjo y apareció una acusación formal, tomó una decisión tajante, renunció al caso. Según explicó, esa secuencia es conocida por las agencias federales de Estados Unidos y, por esa razón, su actuación no ha generado ninguna sanción penal ni disciplinaria. Para él, el punto es elemental: el abogado no responde por las decisiones del cliente, responde por actuar conforme a derecho.
De La Espriella fue enfático al señalar que no existen derechos “para unos sí y para otros no”. La presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa son pilares que se aplican a todas las personas, independientemente de la acusación que enfrenten.
“Desconfíen de quien pretende gobernar negando garantías constitucionales”. Para el candidato, ese razonamiento es propio de regímenes autoritarios, no de democracias. Negar la defensa hoy a quien resulta antipático abre la puerta para negarla mañana a cualquier ciudadano.
Para desmontar la crítica, De La Espriella apeló a la historia. Recordó que el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, fue abogado litigante y defendió en juicio a soldados británicos acusados de matar marines norteamericanos. Esa defensa, lejos de deshonrarlo, se convirtió en un símbolo de compromiso con el Estado de derecho.
En Colombia, añadió, figuras como Jorge Eliécer Gaitán ejercieron la abogacía penal antes de convertirse en referentes políticos. La defensa jurídica, sostuvo, ha sido históricamente una escuela de democracia, no un pecado.
De La Espriella subrayó un dato que considera irrefutable, 22 años de ejercicio profesional sin una sola sanción disciplinaria ni penal. Ese historial, afirmó, desmiente cualquier intento de equiparar su trayectoria con prácticas ilegales. Además, recordó que fundó una de las firmas jurídicas más reconocidas del país, precisamente bajo estándares estrictos de legalidad.
A su juicio, los ataques que recibe por haber ejercido su profesión no buscan esclarecer hechos, sino deslegitimar a un adversario político. “No me van a arredrar con ese cuento”, afirmó, dejando claro que no renunciará a su pasado profesional para complacer narrativas oportunistas.
Asimismo, recordó que cuando una persona no tiene recursos para pagar un abogado, el Estado está obligado a asignarle uno. Ese solo hecho demuestra que la defensa penal no es un privilegio ni una complicidad, sino un deber democrático.
Negar la defensa, insistió, es negar la humanidad del otro y abrir la puerta al abuso del poder. Por eso, concluyó que quienes atacan la labor del abogado litigante no sólo desconocen la ley, sino que representan un riesgo real para la democracia.
La defensa penal no protege delitos, protege derechos. Y sin derechos garantizados para todos, no hay república que resista.
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