27 de enero de 2026.
El precandidato presidencial y líder del movimiento Defensores de la Patría Abelardo De La Espriella fijó una tesis directa y sin eufemismos sobre los hechos del pasado 3 de enero, la detención de Nicolás Maduro no constituye una agresión contra Venezuela ni una acción arbitraria, sino la ejecución de una orden judicial internacional que llevaba años en curso.
De La Espriella calificó la captura como un acto de justicia frente a un dirigente al que responsabiliza por la destrucción institucional, la persecución política y una crisis humanitaria que forzó a millones de venezolanos al exilio. Para él, el punto de partida del análisis debe ser jurídico, no ideológico.
El candidato insistió en separar el ruido político de la naturaleza real del procedimiento. A su juicio, presentar la detención como una “invasión” es una distorsión deliberada. En Venezuela, afirmó, no existen condiciones mínimas de Estado de derecho: no hay independencia judicial ni garantías institucionales que permitan tramitar una orden de captura por las vías ordinarias.
En ese contexto, explicó, la única alternativa viable era la actuación de la justicia internacional. “Aquí no hubo una operación de fuerza caprichosa”, sostuvo, “hubo el cumplimiento de una orden judicial emitida por autoridades competentes”.
El candidato recordó que existe un proceso formal avalado por un gran jurado en Nueva York, que dio viabilidad a las acusaciones y permitió que Maduro compareciera ante un juez del distrito sur de esa ciudad. Ese detalle, subrayó, desmonta cualquier argumento de ilegalidad o improvisación.
Desde su lectura, cuando un sistema judicial emite una orden válida y el acusado evade sistemáticamente a la justicia, la captura no sólo es legítima, sino necesaria. “No se capturó a un jefe de Estado en funciones”, afirmó, “se capturó a un delincuente internacional”.
De La Espriella sostuvo que Maduro desmanteló la separación de poderes, anuló la democracia y convirtió al país en un refugio para estructuras criminales, incluidas organizaciones armadas que operan contra Colombia.
En ese escenario, explicó, resulta ilusorio esperar extradiciones, órdenes internas o cooperación judicial. “Cuando no hay jueces independientes ni fiscalías libres, la ley debe imponerse desde afuera”, afirmó, insistiendo en que ese vacío institucional es lo que habilita la acción de tribunales extranjeros.
Para el candidato, la captura envía un mensaje claro: la impunidad no es eterna. Señaló que la comunidad internacional —en particular Estados Unidos— actuó conforme a derecho y dentro de sus competencias, sin desconocer normas ni inventar atajos.
Lejos de verlo como un precedente peligroso, lo describió como una señal de advertencia para quienes creen que el poder político puede blindarlos frente a la justicia penal internacional. “Aquí no hubo arbitrariedad”, recalcó, “hubo legalidad”.
De La Espriella añadió que el desenlace tiene implicaciones directas para Colombia. A su juicio, la caída judicial de Maduro debilita redes criminales transnacionales que han encontrado protección al otro lado de la frontera y abre la puerta a una recomposición regional basada en la ley.
El bienestar de Venezuela, concluyó, está íntimamente ligado al de Colombia. Por eso considera que la captura no solo es justa, sino necesaria para la estabilidad hemisférica. “Cuando la ley se cumple, incluso frente a los poderosos, se fortalece la democracia”, sentenció.
En síntesis, su postura es clara: lo ocurrido no fue un acto de fuerza política, sino la aplicación estricta del derecho. Y, en su visión, ese es el único camino legítimo para enfrentar a quienes destruyen Estados y se amparan en el poder para evadir la justicia.
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