13 de febrero de 2026.
Colombia no puede seguir sentada sobre una de las mayores riquezas naturales del continente mientras su economía enfrenta desaceleración, desempleo y crisis fiscal. Para el candidato presidencial y líder del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, el debate sobre la minería no es ideológico, es una discusión sobre sentido práctico y responsabilidad con el futuro del país.
Su postura es clara: el primer renglón de la economía colombiana es el sector minero-energético y de hidrocarburos. Pretender marginarlo o frenarlo sin alternativas reales equivale, en su visión, a debilitar deliberadamente el motor productivo nacional.
El punto de partida de su planteamiento es el orden. Antes que prohibiciones o discursos maximalistas, propone organizar el sector con reglas claras, seguridad jurídica y supervisión efectiva del Estado.
La minería, sostiene, no puede operar en la informalidad ni en la improvisación. Tampoco puede ser víctima de cambios constantes de reglas que espanten la inversión. Para que el país crezca, el Estado debe actuar como garante de estabilidad normativa y autoridad técnica.
No se trata de desregular, sino de regular bien.
De La Espriella insiste en que el aprovechamiento de los recursos debe hacerse con respeto por el medio ambiente. La explotación mineral —según su enfoque— debe cumplir estándares ambientales estrictos y estar sujeta a control institucional riguroso.
El dilema no es desarrollo versus sostenibilidad. El verdadero reto es compatibilizar crecimiento económico con responsabilidad ecológica. Un Estado fuerte no es el que prohíbe por principio, sino el que vigila, sanciona y exige cumplimiento.
El fortalecimiento del sector minero-energético tiene implicaciones directas en el empleo, las regalías y la inversión regional. En muchas zonas del país, la minería es fuente de ingresos formales y dinamiza economías locales.
Además, un sector sólido incrementa los recursos fiscales, lo que permite financiar infraestructura, programas sociales y proyectos estratégicos. Desde esta óptica, desaprovechar la riqueza natural no solo afecta el crecimiento macroeconómico, sino la capacidad del Estado para atender necesidades sociales.
La tesis central es que el Estado no puede convertirse en una “mula atravesada” en el camino del progreso. Debe ser un actor que ordena, regula y promueve el desarrollo, no que lo bloquea.
Colombia, posee recursos que muchos países quisieran tener. Convertir esa ventaja natural en prosperidad requiere liderazgo, técnica y coherencia institucional.
El debate minero, en el fondo, refleja una visión más amplia: si el país quiere crecer, necesita un Estado activo, organizado y responsable, capaz de transformar la riqueza del subsuelo en bienestar tangible para la población.
La discusión no es ideológica. Es estructural. Y define qué modelo económico quiere asumir Colombia en los próximos años.
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