15 de diciembre de 2025, 11:50 pm
En entrevista con NTN24, Abelardo De La Espriella expuso una de las propuestas más contundentes de su agenda en materia de seguridad y justicia: la construcción de megacárceles en Colombia financiadas por el sector privado, bajo un modelo de concesión y con un control estatal estrictamente enfocado en la seguridad.
La propuesta parte de un diagnóstico severo del sistema penitenciario colombiano, al que el candidato describe como colapsado, ineficiente y cooptado por redes criminales que operan desde el interior de las prisiones. Para De La Espriella, las cárceles actuales dejaron de cumplir su función de resocialización y castigo para convertirse en verdaderas “universidades del crimen”.
Durante la entrevista, De La Espriella afirmó que Colombia debe adoptar modelos que ya han demostrado resultados en otros países de la región. En ese sentido, señaló como referente el sistema carcelario impulsado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, particularmente las megacárceles de alta seguridad diseñadas para aislar completamente a los cabecillas criminales.
Según explicó, no se trata de copiar mecánicamente una experiencia extranjera, sino de adaptar lo que ha funcionado, especialmente en términos de control, disciplina y ruptura de las estructuras delincuenciales que hoy operan desde los centros de reclusión.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el financiamiento privado de estas megacárceles. De La Espriella sostuvo que el Estado colombiano, debido al deterioro de sus finanzas públicas, no tiene capacidad económica para emprender una reforma carcelaria de esta magnitud.
Por ello, planteó una alianza estratégica con el sector empresarial, bajo un esquema de concesión en el que los privados asuman la construcción y la administración logística de los centros penitenciarios, mientras el Estado se concentra en la seguridad y el control del orden interno.
Este modelo, según el candidato, permitiría avanzar rápidamente en la ampliación de cupos carcelarios sin aumentar la carga fiscal ni comprometer recursos públicos inexistentes.
En su propuesta, el líder de Defensores de la Patria fue enfático en un punto: la seguridad de las cárceles no puede seguir en manos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Considera que la entidad ha demostrado ser inoperante y permeable a la corrupción, convirtiéndose en un factor estructural del fracaso del sistema penitenciario.
En reemplazo, propone crear una fuerza especializada adscrita al Ejército Nacional, integrada por miembros de la reserva activa y veteranos de las Fuerzas Armadas, encargados exclusivamente del control de la seguridad en los centros penitenciarios de alta seguridad.
De esta forma, se buscaría garantizar disciplina, jerarquía, control efectivo y una ruptura total con las dinámicas de corrupción que hoy permiten que los criminales sigan delinquiendo desde prisión.
Otro elemento clave de la propuesta es la ubicación geográfica de estas megacárceles. De La Espriella plantea que deben construirse en zonas completamente aisladas, sin acceso a señal de telecomunicaciones, con el objetivo de cortar cualquier posibilidad de comunicación externa.
El propósito es claro: impedir que los cabecillas criminales continúen coordinando extorsiones, homicidios y economías ilegales desde el interior de las cárceles, una práctica que hoy afecta gravemente la seguridad urbana y rural en Colombia.
El candidato también propuso que los reclusos trabajen por su manutención, eliminando el modelo actual en el que el Estado asume todos los costos sin exigir contraprestación. Esta medida, explicó, busca restablecer el principio de responsabilidad y disciplina dentro del sistema penitenciario.
Para De La Espriella, el castigo efectivo y la pérdida real de privilegios son elementos indispensables para que la cárcel vuelva a cumplir su función disuasiva.
En su planteamiento, la seguridad no es solo un fin en sí mismo, sino una condición necesaria para reactivar la economía, recuperar la confianza inversionista y romper el círculo de violencia que afecta al país.
De La Espriella señaló que las soluciones existen y están probadas, pero que Colombia ha carecido de la voluntad política para implementarlas. Según afirmó, su proyecto busca precisamente asumir ese costo político y ejecutar decisiones de fondo, sin paños de agua tibia ni concesiones al crimen organizado.
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