03 de diciembre de 2025, 8:55 pm
Hace tiempo que Colombia necesitaba una aclaración frontal sobre el tema de los subsidios. En medio de la conversación con la Revista Semana, Abelardo De La Espriella desmontó uno de los mitos favoritos del debate público: la idea de que cualquier crítica al modelo actual de subsidios implica eliminarlos. Nada más lejos de la realidad. Su diagnóstico fue directo: el problema no es la existencia de ayudas, sino la forma en que se reparten, quiénes las reciben y con qué propósito.
Mientras algunos gobiernos han convertido los subsidios en instrumentos de clientelismo o en pago silencioso para “mantener quietos” a actores que ejercen violencia, De La Espriella propone algo radicalmente distinto: orden, focalización y verdadera justicia social.
Cuando le preguntaron a Abelardo si acabaría con programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Adulto Mayor su respuesta fue categórica: “No, de hecho se mantendrán”. A renglón seguido agregó el matiz que marca su visión: no puede seguir existiendo un modelo en el que se pague a delincuentes para que no delincan. Ese dinero, afirma, debe ir a quienes viven realidades que el Estado no puede ignorar.
De La Espriella mencionó un ejemplo que suele pasar bajo el radar político: las madres cabeza de hogar que cuidan hijos con discapacidad física. Salir a trabajar es, para muchas de ellas, logísticamente imposible. El país no puede seguir tratándolas como si vivieran en igualdad de condiciones frente al resto.
Para él, la redistribución no se trata de discursos abstractos, sino de priorizar a quienes enfrentan situaciones extremas. De ahí su insistencia en reorganizar el sistema de subsidios para que deje de ser una red clientelar y se convierta en un mecanismo de dignidad.
Su visión nace de un punto clave: De La Espriella es empresario. Y lo recordó citando a Ospina Pérez: “No soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades”.
En el sector privado, dijo, si haces las cosas mal, te vas en 18 días.
En cambio, “el señor que mal gobierna Colombia” —una referencia directa a Petro— jamás habría superado ese periodo de prueba. Pero en la política, incluso quienes nunca han creado empleo, nunca han administrado un presupuesto y jamás han pagado una nómina, terminan manejando la empresa más grande del país: el Estado colombiano.
Esa desconexión entre experiencia y responsabilidad explica por qué el sistema de subsidios se convirtió en un caos: lo administra gente sin criterio de eficiencia y sin conocimiento del impacto real en la vida de los más vulnerables.
Para el precandidato presidencial, ordenar los subsidios no es austeridad, ni “mano dura”, ni recorte social. Es hacer lo correcto.
Significa que el dinero deje de financiar estructuras criminales o redes de manipulación electoral, y que llegue —sin intermediarios y sin trampas— a quienes lo necesitan para sobrevivir, avanzar o cuidar a sus familias.
Su planteamiento reposa en una idea simple: una sociedad justa protege a sus ciudadanos vulnerables, no a sus victimarios.
Al final, el líder de Defensores de la Patria cerró este tramo de la entrevista con una frase que lo define: “Necesitamos más empresarios en la política y menos políticos”.
No lo dijo para adornar el discurso, sino para subrayar un punto esencial: administrar un país exige resultados, disciplina, visión práctica y cero tolerancia con la ineficiencia. En su modelo, los subsidios se mantendrán, sí, pero bajo una lógica empresarial: claridad, orden, responsabilidad y beneficio real para quienes dependen de ellos.
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