03 de diciembre de 2025, 10:55 pm
Colombia lleva décadas atrapada entre debates legales y estrategias fallidas contra el narcotráfico. En la entrevista con la Revista Semana, Abelardo De La Espriella expuso una propuesta que marca una ruptura con las viejas peleas sobre glifosato: usar bioherbicidas aplicados con drones.
No se trata de un gesto simbólico ni de una maniobra retórica. Es una propuesta que encaja en una visión más amplia de orden, cooperación internacional y ruptura con la improvisación que caracterizó al actual gobierno.
A diferencia del glifosato, cuyo debate jurídico y ambiental ha paralizado durante años la lucha contra los cultivos ilícitos, los bioherbicidas cuentan con evidencia de diseño local y validación experimental.
Estudios como la tesis de maestría de Allan Alvarado Aguayo (UNAL, 2021) profundiza en formulaciones basadas en compuestos vegetales que presentan acción herbicida eficiente con degradación acelerada y menor impacto residual.
No son panaceas, pero sí herramientas con evidencia suficiente para considerar su uso en operaciones de precisión. Y sobre todo: son compatibles con aplicaciones mediante drones, un punto clave que permite saltar los vetos jurídicos asociados a la aspersión aérea tradicional.
El planteamiento del precandidato presidencial es claro: la lucha contra el narcotráfico no puede recaer únicamente en el presupuesto colombiano. Si Estados Unidos e Israel —dos países con avances robustos en bioingeniería aplicada— cofinancian y perfeccionan la tecnología, Colombia obtiene algo que no ha tenido en décadas: capacidad técnica para interrumpir la economía criminal desde la raíz.
En este modelo, los bioherbicidas no sustituyen la acción estatal, sino que la potencian y permiten atacar la base financiera de los grupos armados sin abrir nuevas batallas jurídicas ni ambientales. Esa combinación de eficiencia, precisión y legitimidad es lo que vuelve viable la propuesta.
La coca ha sido la columna vertebral de la violencia durante más de 40 años. Mientras exista, habrá grupos armados, minería ilegal, tráfico de armas, extorsión y toda la cadena criminal que conocemos de memoria. Por eso, en la visión del líder de Defensores de la Patria, la erradicación no es un asunto técnico, sino moral y estratégico, una nación no puede aspirar a la paz si permite que su economía criminal florezca a cielo abierto.
La propuesta de fumigar con bioherbicidas desde el primer día busca justamente eso, romper la pirámide delincuencial donde nace todo lo demás. No es un capricho ideológico. Es un diagnóstico estructural.
Lo que De La Espriella está planteando implica algo que la política colombiana pocas veces se atreve a decir: acabar con los cultivos ilícitos requiere precisión científica, voluntad política y cooperación internacional. Requiere dejar atrás la comodidad de la queja y reemplazarla por decisiones valientes y eficaces.
Y aquí aparece el punto editorial: esta propuesta no es una cruzada personal. Es una visión de Estado que entiende que la violencia es el síntoma, no la causa. Que sin tocar la economía criminal, cualquier reforma social es espuma.
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