15 de marzo 2026
El 75 % de las extorsiones en Colombia salen de los centros penitenciarios. De La Espriella tiene un sitio concreto para cambiar ese dato: los predios de Colonia, mil hectáreas en el Meta donde no entraría ni señal de celular.
Ante una multitud en Villavicencio, Abelardo De La Espriella, candidato presidencial, señaló un lugar en el mapa con nombre propio: los predios de Colonia. Mil hectáreas en el Meta donde, si llega a la presidencia, se levantará una megacárcel de máxima seguridad con un requisito innegociable: que no entre ni la señal de la Santa Cruz. “Aquí necesitamos megacárceles y voy a construir una en los predios de Colonia que tienen 1000 hectáreas. Ahí voy a meter a una cantidad de bandidos en donde no entre la señal de la Santa Cruz para que no puedan seguir extorsionando al pueblo colombiano”.
El problema que las cárceles actuales no resuelven
La propuesta de De La Espriella parte de un diagnóstico que los propios organismos de seguridad del Estado reconocen: las cárceles colombianas dejaron de ser centros de reclusión para convertirse en centros de operación criminal. Según el candidato, el 75 % de las extorsiones que afectan a comerciantes, transportadores y ciudadanos en todo el país se originan desde el interior de los centros penitenciarios. Los cabecillas no solo siguen liderando sus organizaciones desde la cárcel — lo hacen con celulares, con abogados que actúan como mensajeros y con redes que el Estado no ha logrado desarticular porque la infraestructura carcelaria no está diseñada para impedirlo.
El INPEC, en su diagnóstico, es parte del problema. De La Espriella lo ha dicho sin eufemismos en distintos escenarios: “El INPEC es un cáncer”. No por sus funcionarios de base, sino por un modelo institucional que no tiene la capacidad —ni la voluntad política de sus superiores— para romper la conexión entre los reclusos y el crimen organizado exterior. La propuesta de las megacárceles en Colonia es exactamente la respuesta estructural a ese fallo: construir desde cero una infraestructura diseñada para el aislamiento total, no para la reclusión con privilegios.
“Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Si el Estado se arrodilla, los bandidos se crecen”
El modelo: capital privado, veteranos al mando, aislamiento total
Ante el argumento de que el Estado no tiene recursos para construir nuevas cárceles, De La Espriella tiene una respuesta concreta: que las construya el sector privado bajo un esquema de concesión. Las empresas privadas asumen la construcción y la administración logística; el Estado concentra su responsabilidad en la seguridad y el orden interno. Es el mismo modelo que ha usado Colombia para construir autopistas y aeropuertos —aplicado ahora al sistema penitenciario.
Para la administración interna, el candidato propone reemplazar al INPEC con un nuevo cuerpo de prisiones integrado por veteranos y reservistas del Ejército — personal con formación, disciplina y experiencia real en entornos de alta tensión. El resultado esperado, cárceles donde los reclusos trabajen por su propia manutención, sin señal de telecomunicaciones, sin acceso a redes de comunicación exterior y sin posibilidad de seguir coordinando crimen desde adentro. En Villavicencio lo dijo de manera directa: “En los primeros 90 días vamos a desarticular el caos. Cuando el Estado se decide, nunca pierde”.
De La Espriella ha señalado en múltiples ocasiones el modelo implementado por el presidente Nayib Bukele, en El Salvador, como referente para su propuesta. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en 2023, tiene capacidad para 40.000 reclusos, opera con aislamiento total y fue financiado parcialmente con capital privado bajo supervisión estatal. Desde su puesta en marcha, El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a registrar tasas de homicidio comparables a las de naciones europeas.
El paralelismo con Colombia no es automático — las estructuras criminales son distintas y el marco jurídico también — pero el principio operativo que De La Espriella rescata es el mismo: cuando el Estado decide actuar con consecuencias reales para los criminales, la violencia cede. La megacárcel en Colonia sería la primera señal de que esa decisión es genuina.
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