Diciembre 4, 2025. 03:26 p.m. En el debate nacional sobre seguridad, justicia y convivencia democrática, el precandidato presidencial y líder de Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, plantea una premisa que considera indispensable para la reconstrucción del orden institucional: los derechos de los ciudadanos deben estar por encima de los de los criminales. Su argumento central es que una sociedad solo puede prosperar cuando protege, en primer lugar, a quienes cumplen la ley y aportan al país, y cuando sanciona con eficacia a quienes atentan contra la vida, la libertad y la tranquilidad de los demás.
Para De La Espriella, el problema no radica en la existencia de garantías constitucionales, sino en la forma en que han sido interpretadas y aplicadas. A su juicio, se ha invertido la escala de prioridades, al punto de que en algunos momentos los delincuentes parecen tener más protección que quienes han sido víctimas de sus actos. De ahí su insistencia en recuperar un sentido equilibrado del Estado social de derecho, en el que la dignidad humana siga siendo el eje rector, pero sin desconocer la obligación del Estado de preservar la seguridad colectiva.
“Los derechos de la gente de bien deben estar aquí, de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, y el de los criminales de sexto y séptimo”. Para él, sin esa jerarquía moral y jurídica, el país no podrá superar el ciclo de violencia y caos que hoy enfrenta.
Como abogado penalista, De La Espriella reivindica el papel histórico que tuvieron los grandes juristas en la construcción política de Colombia. Según él, el conocimiento profundo de la ley, la filosofía y la historia permite tomar decisiones más responsables en situaciones críticas. Recuerda que durante buena parte del siglo XX, muchos de los líderes políticos del país eran abogados, formados en escuelas sólidas de pensamiento jurídico, con una comprensión rigurosa del contrato social.
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Desde esa visión, sostiene que el derecho penal no puede ser reducido a una discusión ideológica ni a estigmas como el “populismo punitivo”. Considera que la sociedad define sus leyes para garantizar una convivencia sana y proteger los bienes jurídicos más importantes: la vida, la integridad personal, la libertad, la familia y la propiedad. Si los ciudadanos se ponen de acuerdo para fortalecer ciertas sanciones con el fin de vivir mejor, afirma, ello no debería ser interpretado como un exceso, sino como un ejercicio democrático legítimo.
De La Espriella cuestiona que, en algunos sectores, la defensa de la dignidad humana haya sido utilizada de manera descontextualizada, llegando incluso a obstaculizar la acción del Estado frente a la criminalidad. Aclara que nadie propone desconocer los derechos fundamentales, pero insiste en que no puede haber equivalencias entre la protección que merece un ciudadano honesto y la que se otorga a quienes cometen delitos graves.
Su planteamiento no se basa en la negación de garantías sino en la proporcionalidad: quienes cumplen la ley deben sentirse protegidos, mientras que quienes la infringen deben enfrentar las consecuencias establecidas por esa misma ley, en un marco de respeto a la Constitución y a los tratados internacionales.
Con esta visión, propone revisar las políticas penales y de seguridad con el objetivo de restablecer el equilibrio entre derechos y deberes. La dignidad humana, asegura, debe aplicarse a todos, pero su ejercicio no puede implicar desproteger a las víctimas ni limitar la capacidad del Estado para garantizar el orden público.
De La Espriella considera que esta postura no es solo jurídica, sino filosófica. “He leído historia y filosofía”, explica, al señalar que el liderazgo político requiere una comprensión profunda del comportamiento humano, del poder y de las sociedades. Para él, el penalista tiene hoy un rol clave en un país “plagado de crímenes y asediado por la violencia”, porque su formación permite leer el contexto, entender los fenómenos y diseñar soluciones realistas.
Su planteamiento final es sencillo: si Colombia quiere recuperar la seguridad, debe volver al sentido común. La ley debe proteger con prioridad a quienes cumplen las normas, y debe sancionar a quienes las violan, siempre dentro del marco constitucional. Ese equilibrio, asegura, es el que permitirá reconstruir la confianza en la justicia y en las instituciones.
Si crees que los derechos de los ciudadanos deben ser la base de un Estado fuerte, justo y ordenado, te invitamos a unirte a Defensores de la Patria y respaldar la propuesta del precandidato presidencial Abelardo De La Espriella. Juntos podemos recuperar la seguridad y defender la Colombia que merecemos.
