Diciembre 4, 2025. 02:56 p.m. La protección de los niños y niñas es uno de los pilares éticos más sensibles dentro de cualquier sociedad. La vulneración de sus derechos constituye una de las expresiones más graves de criminalidad y un ataque directo contra el futuro del país. En esa línea, el precandidato presidencial y líder de Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, ha reiterado su postura categórica frente a quienes cometen delitos contra menores. Para él, no existe gesto más atroz que atentar contra un niño o niña, ni existe falta que merezca mayor rigor judicial dentro del marco constitucional.
Aunque su tono en ocasiones puede ser vehemente, De La Espriella ha sido claro en que todas sus propuestas deben enmarcarse dentro de los tratados internacionales y la Constitución. Sin embargo, en el terreno moral y político considera que este tipo de criminalidad exige una respuesta contundente y proporcional a su gravedad: “Los que se meten con nuestros niños y niñas no se merecen ningún tipo de consideración”.
Sus declaraciones buscan poner el foco en una problemática creciente: la explotación infantil, la trata de menores y los delitos sexuales contra niños y niñas, realidades que, según él, requieren un esfuerzo institucional robusto y urgente.
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Una política penal más firme para proteger a los menores
De La Espriella explicó que los agresores de niños y niñas “traspasan una frontera que lleva a esa persona a dejar de ser una persona para convertirse en un monstruo”. Aunque reconoce que su deber como abogado es respetar la normativa internacional y la prohibición absoluta de penas inhumanas o crueles, plantea que dentro del marco legal sí existen herramientas para elevar el rigor de las sanciones penales.
En este sentido, insiste en que la cadena perpetua, una figura constitucionalmente habilitada bajo condiciones específicas, debe aplicarse con criterios estrictos para quienes cometan delitos contra menores. “Como no se puede aplicar una pena extrema por tratados internacionales, debemos impulsar la cadena perpetua para abusadores y asesinos de niños y niñas”, afirma, subrayando que este tipo de delitos no tiene punto de retorno ni posibilidad de resocialización.
Su postura se enmarca en una visión donde la protección de la niñez es un asunto de máxima prioridad estatal, y donde la función de la pena es impedir que individuos altamente peligrosos continúen afectando a la sociedad. En repetidas ocasiones, ha insistido en que el país necesita un sistema penitenciario capaz de separar efectivamente a los criminales de alta peligrosidad, sin que ello implique vulnerar derechos fundamentales.
Esta visión no es nueva en su trayectoria. De La Espriella ha estado vinculado a algunas de las reformas más importantes en materia de protección a víctimas de violencia extrema. Fue abogado de Natalia Ponce de León, caso a partir del cual nació la ley que lleva su nombre, y que tipificó el ataque con agente químico como delito autónomo. También acompañó a la familia de Rosa Elvira Cely, impulsando la Ley Rosa Elvira Cely, que estableció el feminicidio como tipo penal independiente.
Para el precandidato, estos antecedentes demuestran un compromiso real y sostenido con las víctimas, especialmente mujeres, niños y niñas, a quienes llama “sagrados y merecedores de la máxima protección del Estado”.
De La Espriella sostiene que estos avances permiten evidenciar que la firmeza penal no es incompatible con el respeto a los derechos humanos, y que el país cuenta con precedentes legales para estructurar un marco más fuerte contra quienes cometen actos atroces a los menores.
El precandidato también rechaza la idea de resocializar a quienes hayan cometido crímenes especialmente graves contra niños o niñas, argumentando que la experiencia comparada y la psicopatología forense indican que ciertos comportamientos criminales tienen muy baja probabilidad de reinserción. “El que toca un niño o niña no tiene retorno”, afirma, una frase que sintetiza su convicción de que la protección de la niñez exige límites infranqueables.
Su propuesta, por tanto, busca combinar una justicia firme, un sistema penitenciario seguro y una política pública integral de prevención, denunciando los fenómenos de explotación sexual, trata de menores y violencia intrafamiliar que afectan a miles de familias colombianas.
En este enfoque, la defensa de los niños y niñas no es solo una prioridad de campaña, sino un eje moral desde el cual, afirma, debe reconstruirse la confianza en la justicia y las instituciones.
Si compartes la convicción de que la niñez colombiana debe ser protegida con absoluta determinación, te invitamos a unirte a Defensores de la Patria y respaldar el proyecto del precandidato presidencial Abelardo de La Espriella. Juntos podemos construir un país donde los niños sean verdaderamente intocables y la justicia esté siempre de su lado.
¡Firmes por la Patria!
