16 de febrero de 2026.
La tragedia que hoy golpea a Córdoba volvió a poner sobre la mesa una verdad incómoda, los fenómenos naturales no se pueden evitar, pero el caos posterior sí. La diferencia entre una emergencia controlada y una catástrofe desbordada no está en la lluvia, está en la planeación.
El candidato presidencial Abelardo De La Espriella fue directo al abordar el tema, frente a la naturaleza nadie tiene control absoluto, pero eso no exime al Estado de su responsabilidad. Cuando hay estrategia, manuales claros de actuación y recursos bien administrados, las emergencias no se convierten en crisis humanitarias prolongadas.
El planteamiento fue concreto en el orden de actuación: primero atender, segundo reubicar, tercero reconstruir. Esa secuencia no es retórica política; es el estándar técnico de gestión del riesgo en cualquier país serio.
El problema, según lo expuesto, es que las instituciones encargadas de coordinar estas respuestas han sido debilitadas por la improvisación y la corrupción. Cuando un organismo de gestión del riesgo pierde capacidad técnica o se convierte en botín burocrático, la tragedia se amplifica.
No es únicamente un asunto presupuestal. Es un problema de ejecución. Un sistema puede tener recursos asignados y aun así fracasar si esos recursos no llegan a tiempo, se desvían o se administran sin criterio técnico.
La dimensión del desastre en Córdoba es contundente. De los 30 municipios del departamento, 24 están afectados, incluida su capital, Montería. Más de 120.000 personas impactadas. Hay muertos, desaparecidos, cosechas arrasadas, ganado perdido y familias desplazadas por el agua.
En ese contexto, el debate no puede centrarse en narrativas políticas. Debe enfocarse en la capacidad operativa del Estado. El énfasis debe estar en la atención inmediata y coordinada, no en la construcción de excusas.
Uno de los puntos más sensibles fue la crítica a la tendencia de trasladar responsabilidades sin sustento técnico. Señalar infraestructuras específicas sin estudios rigurosos puede generar titulares, pero no soluciones.
Cuando la respuesta institucional se concentra en explicar el problema y no en resolverlo, el ciudadano queda desprotegido. La gestión del riesgo exige datos, modelaciones, análisis hidráulicos y decisiones basadas en evidencia, no declaraciones sin respaldo técnico.
Para De La Espriella, el agravante no es solo la falta de previsión, sino la reacción tardía y desordenada. La ausencia de protocolos claros y liderazgo técnico multiplica los daños.
Colombia no puede seguir reaccionando cada temporada invernal como si fuera un evento inesperado. La gestión del riesgo debe ser preventiva, no episódica.
Eso implica mapas de riesgo actualizados, sistemas de alerta temprana funcionales, mantenimiento permanente de infraestructura hidráulica, fondos de contingencia blindados contra la corrupción y equipos técnicos con experiencia real en manejo de crisis.
Cuando estos elementos fallan, la naturaleza deja de ser el único factor. El desastre adquiere un componente institucional.
En medio de la crítica institucional también hubo un llamado a la solidaridad. Cuando el aparato estatal responde con lentitud, la sociedad civil suele llenar el vacío. Donaciones, ayudas humanitarias y esfuerzos comunitarios se convierten en la primera línea de apoyo.
Sin embargo, esa solidaridad no puede reemplazar la obligación del Estado. La función pública no es opcional. Proteger la vida, la propiedad y la estabilidad de los ciudadanos es un deber constitucional.
Lo ocurrido en Córdoba no es un hecho aislado. Es la expresión de un patrón que se repite en distintas regiones: emergencias previsibles que escalan por falta de planeación estratégica y ejecución rigurosa.
La tesis es clara: con planeación, estrategia técnica y cero corrupción, el impacto de estas tragedias se reduce significativamente. No se trata de desafiar a la naturaleza, sino de administrar el riesgo con profesionalismo.
El debate de fondo no es meteorológico, es institucional. Y en ese terreno, la diferencia entre improvisación y liderazgo puede medirse en vidas humanas.
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