Noviembre 20, 2025. 05:22 p.m. Colombia enfrenta una encrucijada histórica: o se resigna a dejar en la impunidad los abusos, excesos y decisiones que deterioraron las instituciones durante el actual gobierno, o hace valer la ley con toda su fuerza para garantizar que nunca más un proyecto político pueda desbordar los límites constitucionales sin consecuencias.
La posición de Abelardo De La Espriella, precandidato presidencial del Movimiento Defensores de la Patria, es clara y constante: los responsables deben ser investigados y sancionados “con las armas de la justicia” y “con la fuerza de las leyes”.
De La Espriella insiste en que justicia no es revancha y que castigo no es venganza. “Cuando me refiero a castigar, me refiero a hacer justicia”, afirma. Y apela a la definición clásica de Ulpiano: “Dar a cada quien lo que le corresponde”. Esa es, para él, la base de cualquier democracia seria: que la ley se aplique sin preferencias políticas y sin temor.
A su juicio, los daños causados por el gobierno actual y por sus colaboradores no son menores ni simbólicos; por el contrario, han tenido consecuencias profundas en la economía, la estabilidad institucional, la seguridad nacional y la confianza ciudadana. Por eso sostiene que permitir que estos hechos pasen sin control judicial sería enviar un mensaje devastador: que en Colombia se puede destruir, abusar y manipular sin enfrentar la ley.
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De La Espriella enumera, con preocupación, una serie de decisiones y omisiones que, según él, deben ser investigadas con rigor por las autoridades competentes. Habla del “robo descarado de las finanzas públicas”, del deterioro de Ecopetrol, del crecimiento desbordado de la burocracia, del impacto de nuevos impuestos en los hogares y empresas, de la crisis del sistema de salud y del manejo político de regiones afectadas por narcotráfico y criminalidad.
Para él, no se trata de un debate político, sino de un asunto de responsabilidad estatal. Si un gobierno no mejora la presencia estatal en los territorios colombianos y permite que estos sean captados por los terroristas y narcotraficantes, esto permitirá el fortalecimiento de bandas criminales o interfiere en sistemas esenciales como la salud sin soporte técnico ni legal; la justicia debe intervenir.
También advierte que la cooperación internacional tendrá un papel relevante en eventuales investigaciones. Señala que Estados Unidos, afectado por el crecimiento de cultivos ilícitos y el flujo de cocaína, no suele pasar por alto decisiones que comprometan su seguridad nacional. Desde su perspectiva, el diseño de políticas internas como la “paz total”, la expansión de cultivos o la permisividad frente al narcotráfico tendrá repercusiones judiciales más allá de las fronteras del país.
Sin embargo, recalca que su enfoque no es punitivo sino institucional. No propone persecuciones políticas ni venganzas; propone procesos judiciales serios, basados en pruebas, en los debidos procedimientos y en el respeto estricto por la Constitución. Lo que busca, explica, es restaurar la confianza en el Estado de derecho, garantizando que la ley sea igual para todos, incluidos los gobernantes.
De La Espriella insiste en que un país no puede avanzar cuando la corrupción queda sin sanción, cuando los responsables de decisiones lesivas al interés nacional no deben responder ante los jueces y cuando las instituciones pierden autoridad. Para él, la reconstrucción del país comienza por restituir la justicia como la columna vertebral de la República.
Por eso, sostiene que, si llega a la Presidencia, respaldará a las autoridades para que actúen con independencia y sin presiones políticas, y promoverá un ambiente donde la justicia pueda operar sin interferencias ni intimidaciones.
Su conclusión es simple y contundente: “La ley debe aplicarse. Y quien haya abusado del poder, debe responder”. Para él, ese no es un acto de confrontación, sino una exigencia moral y democrática.
Como mensaje final, hace un llamado sereno y firme: “Colombia merece instituciones fuertes y justicia verdadera. Quienes compartan esta visión están invitados a unirse a Defensores de la Patria para trabajar juntos por la reconstrucción del país”.
