Enero 5, 2026. 03:38 p.m. La discusión sobre la extradición vuelve a ocupar un lugar central en el debate político colombiano. En medio de cuestionamientos sobre la relación del Estado con el crimen organizado y el narcotráfico, Abelardo De La Espriella, candidato presidencial y líder del movimiento Defensores de la Patria, ha fijado una posición clara: en Colombia nadie puede estar por encima de la ley, y las decisiones deben adoptarse con base en la Constitución, los tratados internacionales y el debido proceso.
De La Espriella ha señalado que el país atraviesa una crisis profunda de legitimidad institucional, alimentada por la percepción de que el poder político ha debilitado herramientas fundamentales de cooperación judicial internacional. Entre ellas, la extradición, una figura que durante décadas fue clave para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional. En ese contexto, ha sido categórico al afirmar que, si llegara a la Presidencia de la República y existiera una solicitud formal de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Gustavo Petro, esta sería tramitada conforme a la ley.
“Yo le pido más bien al gobierno del presidente Trump que vaya preparando la acusación contra Petro (el indictment) que yo, como presidente, voy a estar gustoso de extraditar a Gustavo Petro para que pague por todos sus crímenes”, enfatizó el candidato presidencial.
La postura no se presenta como una decisión arbitraria ni como una retaliación política, sino como una consecuencia directa del respeto al imperio de la ley. Según ha expresado, “la extradición no es una venganza ni una concesión política, es un instrumento jurídico que existe para garantizar que los crímenes no queden en la impunidad”. En ese sentido, insiste en que cualquier solicitud debe cumplir con los requisitos legales, las garantías procesales y los controles constitucionales vigentes.
Para el precandidato presidencial, uno de los mayores riesgos que enfrenta Colombia es la normalización de la impunidad. De La Espriella sostiene que el debilitamiento de la extradición ha enviado un mensaje equivocado tanto a los criminales como a la comunidad internacional, al sugerir que el país está dispuesto a proteger a quienes tienen vínculos con redes ilícitas. Desde su visión, esto afecta la credibilidad del Estado y deteriora las relaciones estratégicas con aliados clave como los Estados Unidos.
En sus declaraciones, ha cuestionado lo que considera una política de concesiones frente a estructuras criminales, particularmente en relación con grupos armados ilegales y redes de narcotráfico. Afirma que su propuesta consiste en “remasterizar” la cooperación judicial internacional, fortaleciendo los mecanismos de extradición como parte de una estrategia integral de seguridad y legalidad. Este enfoque, señala, busca restablecer la confianza en las instituciones y garantizar que los responsables de delitos graves enfrenten a la justicia, sin excepciones.
De La Espriella también ha subrayado que el respeto por la Constitución implica cumplir los períodos presidenciales y las normas que rigen la sucesión del poder. En su discurso, la defensa del orden constitucional es inseparable del respeto por las decisiones judiciales y los compromisos internacionales del Estado colombiano. Para él, gobernar significa someterse a la ley, incluso cuando resulta incómodo o políticamente costoso.
El líder de Defensores de la Patria ha insistido en que Colombia no puede seguir transitando un camino de ambigüedades frente al crimen organizado. A su juicio, la extradición es una herramienta legítima del Estado de Derecho y debe aplicarse sin distinciones personales o ideológicas. “El país necesita reglas claras y autoridades dispuestas a hacerlas cumplir”, ha señalado, enfatizando que la fortaleza institucional es la base de la democracia.
Desde esta perspectiva, la extradición no se concibe como un acto de fuerza, sino como una decisión jurídica sustentada en la ley, la cooperación internacional y el respeto por los tratados vigentes. La responsabilidad del presidente, afirma, es garantizar que esos mecanismos funcionen con transparencia y rigor.
Si crees en un país donde la ley se respeta, la justicia no se negocia y la cooperación internacional se ejerce con responsabilidad, te invitamos a unirte a Defensores de la Patria y a respaldar la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella. La defensa del Estado de Derecho comienza con una ciudadanía comprometida.
