Necesitamos un escudo para que no se siga torciendo la moralidad electoral en la Consulta de los cómplices de Petro.
La Ley de Garantías, establecida en la Ley 996 de 2005, tiene como propósito evitar que el Presidente de la República abuse de su poder para torcer la imparcialidad del sistema electoral y utilice los recursos públicos para favorecerse políticamente, desviando el poder, los cargos públicos y los contratos en beneficio de sus intereses partidistas.
Con gran acierto, la ley estableció límites para que, durante los cuatro meses previos a las elecciones, el Ejecutivo no pueda hacer uso abusivo de su poder contractual y administrativo para doblegar la democracia e influir indebidamente sobre los electores.
En el caso de Gustavo Petro, hemos sido testigos de su talante delincuencial. La ley no pudo prever que tendríamos un presidente al que el cumplimiento de las normas le importara tan poco. Este es el mismo presidente que ha presenciado cómo se compraron, con recursos públicos, a presidentes del Senado y de la Cámara con maletas llenas de dinero corrupto proveniente de las arcas del Estado; el mismo que un día anuncia una constituyente y al siguiente decreta un estado de conmoción interna por una crisis que él mismo creó, junto con su cómplice Maduro, en el Catatumbo; el mismo que financia con fondos públicos manifestaciones en las que ciudadanos, movilizados con auxilios también públicos, claman “¡Reelección, reelección!”.
Ese mismo presidente es quien compra y amenaza a congresistas para que elijan a su procurador y a magistrados de la Corte Constitucional, y quien pacta con su cómplice, el narcodictador Maduro, la creación de zonas binacionales que facilitan el tráfico de drogas ilícitas. Ese mismo presidente promueve con descaro la consulta interna de su partido, el Pacto Histórico (o, más bien, Pacto Criminal). Sin embargo, debido a las fechas de expedición de la Ley de Garantías Electorales, esta no cubre las consultas internas de los partidos para elegir candidatos presidenciales.
Así, aunque existe una Ley de Garantías, esta no se aplica directamente a las consultas partidistas. Los colombianos nos enfrentamos a la contradicción de ver cómo, con el presidente más corrupto de nuestra historia, Petro mueve la campaña de sus candidatos —Iván Cepeda, “Pinturita”, Bolívar y otros traidores de la patria— con un abuso descarado de los recursos públicos. Desde Palacio, manejan a su antojo el erario para engordar las bases petristas y promover a los candidatos de Petro, quienes son su plan B en caso de no lograr perpetuarse en el poder. Cepeda, el candidato de las FARC; “Pinturita”, el candidato de la corrupción; y Bolívar, el amante —según su propia confesión pública— de Petro, están siendo inflados artificialmente con miles de millones de pesos del erario. Tienen cuotas políticas y burocráticas en el gobierno, pagan bodegas y propaganda con el presupuesto público, a la vista de todos, con el descaro de quien no está restringido por la Ley de Garantías. Esta debería aplicarse para evitar que el poder omnívoro y omnímodo de este dictador en ciernes desequilibre aún más nuestra golpeada democracia.
Petro es el responsable político del desmantelamiento de la democracia. Es el instigador del odio que terminó con la vida de Miguel Uribe Turbay, asesinado vilmente. Fiel a su modus operandi de exguerrillero, utiliza todas las formas de lucha para aferrarse al poder en 2026. El uso de recursos públicos es solo una de sus armas de guerra política, sumada a la entrega de territorios a bandidos, la alianza narcotraficante con Maduro, la violencia política, la maquinaria de propaganda oficial, la captura de la Corte Constitucional y de los órganos de control. Petro, desbocado, está destruyendo el sistema democrático, y no hay Ley de Garantías que lo detenga.
Como abogado con años defendiendo el Estado de Derecho y ahora precandidato presidencial, alerto sobre otro factor de riesgo que amenaza la esencia democrática de Colombia: la falta de aplicación de la Ley de Garantías Electorales a la consulta interna del Pacto Histórico, programada para el 26 de octubre de 2025. Este evento, que definirá al candidato presidencial de la colectividad del actual jefe de Estado para el periodo 2026-2030, requiere con urgencia un marco jurídico que preserve la moralidad administrativa y garantice la igualdad de condiciones.
La Constitución Política de 1991 consagra la moralidad administrativa como principio rector del ejercicio público (artículo 209), un mandato que obliga a los servidores públicos a actuar con probidad y en defensa del interés general. La jurisprudencia, especialmente la Sentencia SU-585/17 de la Corte Constitucional, reafirma que este derecho colectivo trasciende los intereses individuales, protegiendo valores como la ética, la honestidad y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, no extiende sus salvaguardas a consultas internas como la del Pacto Histórico, dejando un vacío que pone en jaque estos principios.
Dicha norma regula minuciosamente las campañas presidenciales, prohibiendo al Presidente asistir a inauguraciones, usar bienes públicos para proselitismo o influir en la intención de voto con recursos estatales durante los cuatro meses previos a la elección. Estas restricciones, que incluyen la suspensión de contrataciones y modificaciones de nómina, buscan garantizar un debate electoral equitativo. Pero, ¿qué sucede cuando el partido del presidente organiza una consulta interna? Sin estos límites, se abre la puerta a que el Ejecutivo desvíe el interés general hacia el favorecimiento de su propia colectividad, vulnerando la moralidad administrativa.
El legislador, al diseñar la Ley 996, tuvo claro su propósito: garantizar igualdad para los candidatos que cumplan los requisitos legales. Sin embargo, este propósito resulta insuficiente ante una consulta interna bajo el control de un presidente como Gustavo Petro. La posibilidad de que se utilicen recursos públicos, nóminas o la maquinaria estatal para inclinar la balanza a favor del Pacto Histórico no solo distorsiona la competencia, sino que erosiona la confianza ciudadana en el proceso electoral.
Exhorto a los ciudadanos a estar alerta ante esta aberración y a denunciar las tropelías del régimen. A los movimientos ciudadanos, candidatos y partidos de oposición, los insto a que hagamos un frente común para evitar que Petro y sus secuaces sigan desbaratando la democracia. A la autoridad electoral, le pido actuar con premura. Es imperativo adoptar medidas urgentes para extender las garantías electorales a esta consulta, protegiendo la igualdad y la transparencia. La democracia colombiana no puede permitirse un precedente en el que el poder en curso se convierta en juez y parte.
¡Defendamos la moralidad y la voluntad popular! ¡Defendamos la patria! La unidad consiste en actuar juntos contra el verdadero enemigo: Petro.
