Abelardo De La Espriella no anduvo con eufemismos en su paso por Cali: para él, la ciudad se convirtió en un bastión de la izquierda que, junto con la exacerbación del llamado “estallido social”, terminó por desbordar el orden público y poner a los caleños en jaque.
En la entrevista advirtió que lo que algunos presentan como protesta ciudadana se ha convertido, en muchos casos, en subversión del orden y en campo fértil para las bandas criminales que hoy dominan calles y barrios.
“Cali se volvió un bastión de la inseguridad”, sentenció, y desde esa convicción planteó un plan de choque para devolver la tranquilidad a la ciudad.
Recordó que a principios de este siglo Cali ya estaba sitiada: secuestros, atentados, extorsiones y bombas dejaron una huella dolorosa. Sin embargo, dijo con preocupación que, más de veinte años después, la situación es en muchos sentidos aún peor.
“Antes no podías ir a los Farallones porque te secuestraban; hoy hay una violencia más difusa, ramificada y sofisticada”, afirmó. Para él, la capital del Valle del Cauca no es solo un foco de criminalidad: es también un símbolo del declive del orden motivado por quienes han promovido el caos bajo la excusa del estallido social.
La receta que propone De La Espriella no es carnaval retórico: es firmeza, despliegue operativo y decisión política. Según el líder del movimiento Defensores de la Patria, la seguridad en Cali se recupera con aumento del pie de fuerza, con mejores cámaras de vigilancia, con inteligencia eficaz y —sobre todo— con el empoderamiento de la Fuerza Pública para cumplir su labor.
Denunció que en los últimos años se ha desmoralizado y desfinanciado a quienes están obligados a proteger a la gente, mientras se han dado concesiones que, a su juicio, han fortalecido a los bandidos.
“Aquí hay que empoderar a la Fuerza Pública para que haga su trabajo; bandido que no se someta será dado de baja como corresponde”, aseguró.
De La Espriella conecta la batalla contra la violencia con la lucha contra las fuentes de financiación de la criminalidad: los cultivos ilícitos. Señaló a Jamundí como un punto crítico que requiere intervención inmediata. Propuso operaciones decididas contra los corredores del narcotráfico que hoy permiten a grupos armados reconstituirse y seguir financiando la extorsión y el crimen organizado.
Su diagnóstico tiene además un componente moral y cultural: para recuperar a Cali hay que recuperar la voluntad de defender la libertad y la institucionalidad. “La gente que roba a la señora, que extorsiona, que asesina o que trafica droga está en guerra con la ciudad. Conmigo o se someten o se les aplica toda la fuerza del Estado”, afirmó, dejando claro que su apuesta no es ambigua.
No aceptará, dijo, cárceles que actúen como “hoteles del delito” desde donde se sigue operando; exige centros de reclusión donde se pague la deuda con la justicia.
Su llamado final a los caleños entona un discurso de urgencia y esperanza: “No desfallezcamos en la lucha por la libertad, la democracia y la institucionalidad. Aunque el camino parezca oscuro, siempre queda una última jugada: ganar en primera vuelta, con un gobierno que traiga seguridad, prosperidad y esperanza”.