17 de febrero de 2026.
En medio del debate político que rodea la campaña presidencial, Abelardo De La Espriella fue enfático en rechazar cualquier tipo de relación con la empresa Urrá. Durante una entrevista en Blu Radio, dejó claro que no tiene ningún vínculo con su junta directiva ni con su administración, y recordó que el control de esa compañía recae directamente en el Gobierno Nacional.
Su planteamiento parte de un hecho estructural: la junta directiva de Urrá está integrada mayoritariamente por miembros que responden al Ejecutivo. “Quien maneja Urrá es la junta directiva, y la junta directiva es el Gobierno”, sostuvo, subrayando que cinco de sus integrantes estarían bajo control del Gobierno Nacional. En esa línea, explicó que cualquier decisión estratégica o administrativa dentro de la empresa depende de esa instancia, no de actores externos ni de dirigentes políticos ajenos a su estructura.
De La Espriella fue más allá y aseguró que no conoce a los miembros de la junta directiva ni ha tenido interacción con su presidente. De hecho, afirmó que desconocía incluso el nombre del directivo hasta el momento en que este dejó el cargo recientemente. Para él, este dato evidencia la ausencia absoluta de cercanía o influencia en la entidad.
En Córdoba, donde Urrá tiene una importancia clave por su impacto energético y económico, el candidato afirmó que es de público conocimiento que no hace parte de ningún círculo de poder relacionado con la compañía. Por ello, calificó las versiones que lo vinculan como una “estratagema” sin sustento real.
El trasfondo político
Más allá de la negación puntual, el candidato planteó que este episodio debe leerse dentro del contexto electoral. Según su interpretación, los señalamientos buscan distraer la atención de los debates de fondo y trasladar la discusión hacia insinuaciones que no tienen respaldo en hechos verificables.
En su visión, el debate debería concentrarse en los modelos de país y en la confrontación programática entre proyectos políticos, no en imputaciones indirectas que, según afirma, no superan el nivel de la especulación. Desde esa perspectiva, considera que las acusaciones forman parte de una estrategia para desviar el foco del debate público.
Urrá es una empresa estratégica en el sector energético, con una estructura de gobierno corporativo definida por normas claras. La junta directiva es el órgano que orienta sus decisiones y supervisa la administración. En ese sentido, De La Espriella insistió en que quienes realmente tienen injerencia en la empresa son los representantes del Gobierno en esa instancia.
Su argumento central es que la responsabilidad política sobre la conducción de la compañía recae en el Ejecutivo, no en actores externos. Por tanto, atribuirle influencia directa sería desconocer el funcionamiento institucional de la entidad.
Una defensa basada en hechos
El dirigente sostuvo que no tiene contratos, relaciones comerciales ni participación alguna en decisiones de Urrá. Tampoco —según reiteró— ha intervenido en la designación de miembros de su junta o en asuntos administrativos internos. En consecuencia, considera que las versiones que intentan asociarlo con la empresa carecen de fundamento objetivo.
Recalcó además que el país debe exigir claridad cuando se formulan acusaciones públicas, especialmente en medio de una contienda electoral. Para él, la política debe desarrollarse sobre la base de propuestas, cifras y responsabilidades institucionales, no sobre insinuaciones.
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