23 de febrero 2026
“Colombia es un país que tiene muchas leyes, mucho derecho y poca justicia”. Con esa frase, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella sintetizó su diagnóstico sobre el sistema penal y el deterioro de la autoridad institucional en el país.
El candidato plantea que el problema no es la ausencia de normas, sino la falta de aplicación efectiva. En su visión, existe una fractura entre el marco jurídico y la realidad cotidiana, donde los delincuentes reinciden y la percepción de impunidad termina erosionando la confianza ciudadana en el Estado.
Su postura es el respaldo explícito a la fuerza pública. De La Espriella ha sido enfático en todas sus participaciones: “Quien se atreva a agredir a un miembro de la Policía o de las Fuerzas Militares debe enfrentar todo el peso del Estado”.
El mensaje es claro, en un Estado que pretende recuperar autoridad, no puede normalizarse la violencia contra quienes representan el orden institucional. Para el candidato, tolerar ese tipo de hechos envía una señal de debilidad que termina afectando la percepción colectiva sobre las instituciones.
Sin embargo, su postura incluye una condición igual de explícita: la fuerza pública debe actuar siempre dentro del marco de la Constitución y la ley. En su planteamiento no hay carta blanca. Hay respaldo, pero también exigencia de legalidad y respeto por los derechos fundamentales.
De La Espriella sostiene que el debate no puede convertirse en una dicotomía entre autoridad y derechos humanos. En su visión, ambas dimensiones deben coexistir.
Plantea que el respaldo a la fuerza pública implica dotarla de garantías jurídicas, estabilidad presupuestal y respaldo político, pero también exigir formación y actuación estrictamente ajustadas al orden constitucional.
La fórmula que propone es doble, mano firme contra el delincuente y respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos humanos.
https://x.com/ABDELAESPRIELLA/status/2010126530005827724
Otro eje de su crítica apunta a lo que denomina una “inversión de valores”, según su lectura, en los últimos años se ha ensalzado a estructuras criminales mientras se desmoraliza y desfinancia a la fuerza pública.
Esa dinámica —afirma— ha debilitado la autoridad del Estado y generado desconfianza ciudadana. Para revertirla, propone restablecer el principio de jerarquía institucional: el delincuente responde ante la ley y el servidor público cuenta con respaldo para ejercer su función, siempre bajo controles legales.
Más allá del discurso punitivo, el énfasis del candidato está en la percepción institucional. Sostiene que la confianza ciudadana en las instituciones no es un elemento simbólico, sino estructural, cuando la ciudadanía percibe debilidad o impunidad, esa percepción termina convirtiéndose en realidad social.
Su propuesta de gobierno en esta materia se resume en tres pilares:
El debate que se abre es complejo: ¿Cómo fortalecer la autoridad del Estado sin afectar garantías fundamentales y cómo garantizar respaldo institucional sin caer en excesos?
Lo que sí queda claro es la línea discursiva del candidato: recuperar la autoridad, proteger a quienes defienden el orden público y exigir legalidad absoluta en el ejercicio del poder.
Para el líder de Defensores de la Patria, la justicia no es una consigna abstracta. Es la condición indispensable para restaurar la confianza ciudadana y el respeto por las instituciones.
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