05 de febrero de 2026.
En medio de un clima electoral cargado de desinformación, lecturas interesadas y ataques cruzados, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella planteó una situación que suele omitirse deliberadamente en el debate público: las encuestas en Colombia no son un ejercicio informal de opinión, sino una actividad regulada por la ley de la República.
El señalamiento no es menor. En cada ciclo electoral, los sondeos influyen en el comportamiento del electorado, moldean narrativas mediáticas y, en algunos casos, generan confusión o desconfianza. Precisamente por eso, explica De La Espriella, el país cuenta con un marco jurídico que establece exigencias legales, metodológicas y técnicas para quienes producen y publican encuestas.
El candidato fue claro: puede no estar de acuerdo con la norma, pero la ley existe y debe cumplirse. Hoy, las encuestas están sujetas a requisitos que buscan mayor rigor, transparencia y control, lo que las hace más complejas y también más costosas para los medios de comunicación y particulares que las contratan.
Este punto desmonta una narrativa frecuente según la cual las encuestas son simples instrumentos de propaganda sin reglas. Por el contrario, el marco legal obliga a cumplir parámetros específicos que limitan la improvisación y reducen la manipulación abierta de resultados.
De La Espriella advierte que la regulación no es un capricho burocrático. Responde a una necesidad democrática y es evitar que los sondeos se conviertan en herramientas de distorsión electoral. Sin controles, las encuestas pueden generar falsas percepciones, desalentar la participación o inducir votaciones estratégicas basadas en información poco fiable.
Aunque el candidato ha manifestado que preferiría un acceso más libre a todo tipo de mediciones, reconoce que mientras la norma esté vigente, su cumplimiento es obligatorio. Ese respeto por la legalidad, incluso cuando no favorece intereses personales, hace parte del mensaje político que busca posicionar.
De La Espriella fue enfático en señalar que no ha participado en la contratación de encuestas, no tiene vínculos con sus propietarios ni mantiene contacto alguno con las firmas o medios que las realizan.
Según explicó, los estudios conocidos hasta ahora han sido elaborados por medios independientes en Colombia, sin injerencia de su campaña. Esta aclaración busca cerrar el paso a versiones que intentan deslegitimar los resultados atribuyéndolos a maniobras políticas o financieras.
Más allá del debate jurídico, el candidato reconoce el contenido político de los sondeos actuales. A su juicio, lo que hoy muestran las mediciones es una polarización clara del escenario electoral, con dos visiones de país enfrentadas.
De un lado, afirma, un proyecto que representa la continuidad del actual gobierno y su heredero político. Del otro, una propuesta que se reivindica como defensora de la libertad, el respeto por la institucionalidad, la democracia y el libre mercado. Esa lectura, sostiene, no es una construcción discursiva, sino el reflejo del momento político que atraviesa Colombia.
Las encuestas no están por fuera del ordenamiento jurídico. No son una tierra sin ley ni un simple juego mediático. Están reguladas, auditadas y sometidas a reglas que deben cumplirse, incluso cuando incomodan o generan debate.
En un contexto donde se cuestiona todo —desde la legitimidad de las instituciones hasta la validez de los procesos electorales—, De La Espriella insiste en un principio básico: la democracia se defiende respetando las reglas, no acomodándolas.
Más que una defensa de los sondeos, la postura apunta a algo más amplio: la necesidad de sostener el debate político dentro del marco de la legalidad, sin atajos ni narrativas diseñadas para erosionar la confianza ciudadana.
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