05 de enero de 2026, 11:30 pm
En Colombia, la corrupción no es un accidente del sistema: es uno de sus subproductos más constantes. Pocas áreas lo evidencian con tanta crudeza como la contratación estatal, un terreno donde, durante años, las reglas han existido más para ser burladas que para garantizar transparencia. Abelardo De La Espriella expone sin ambigüedades por qué este modelo no solo está agotado, sino que se ha convertido en un incentivo directo para el saqueo de los recursos públicos.
No se trata de un problema técnico ni de una discusión menor sobre procedimientos. El modelo actual afecta de manera directa la vida cotidiana de millones de colombianos. Cada contrato amañado, cada licitación manipulada y cada empresa de papel que aparece para llevarse un negocio público termina traduciéndose en menos hospitales, peor educación, infraestructura inconclusa y regiones enteras condenadas al atraso.
La contratación estatal, tal como opera hoy, no castiga al corrupto: lo premia. Empresas sin capacidad real, sin experiencia comprobada y sin estructura operativa logran quedarse con licitaciones millonarias para luego revenderlas al segundo o tercer postor. La contratación deja de ser una herramienta de gestión pública y se convierte en un negocio financiero.
Este fenómeno no es anecdótico ni aislado. Estudios académicos coinciden en señalar que la planeación deficiente, la incompletitud de los contratos, la renegociación permanente y la ausencia de estudios de conveniencia abren la puerta a sobrecostos, retrasos y corrupción sistemática. La normativa existe, pero su aplicación termina siendo selectiva, desigual y fácilmente manipulable.
El resultado es un círculo vicioso: el Estado paga más por obras de menor calidad, los tiempos se dilatan, los recursos se pierden y la confianza ciudadana se erosiona. En ese escenario, quien intenta hacer las cosas bien queda en desventaja frente a quien sabe moverse en la trampa.
Tecnología para cerrar la puerta al saqueo
Frente a este panorama, la propuesta del candidato presidencial es clara y directa: llevar la contratación estatal a un esquema completamente digital, soportado en tecnología e inteligencia artificial, como un mecanismo real de control.
Licitaciones con trazabilidad completa, verificación automática de requisitos, cruces de información y alertas tempranas permitirían detectar irregularidades antes de que los contratos se adjudiquen. La tecnología, en este enfoque, deja de ser decorativa y se convierte en una barrera preventiva contra la corrupción, reduciendo la discrecionalidad humana que hoy es uno de los principales canales del delito.
Además, un sistema transparente ampliaría el acceso a micro, pequeñas y medianas empresas que hoy quedan excluidas frente a estructuras creadas para favorecer siempre a los mismos. Más competencia real implica menos corrupción, mejores precios y proyectos de mayor calidad.
Robar al Estado es robarle a los más vulnerables
Uno de los puntos más contundentes de Abelardo, es que el planteamiento es ético, no sólo administrativo. Quien roba recursos públicos no comete un delito abstracto. Comete un crimen social. Cada peso desviado es una cama hospitalaria que no existe, una escuela sin dotación, una vía que nunca conecta a una comunidad aislada.
Por eso plantea que la corrupción en la contratación no puede seguir tratándose como una falta menor o un error administrativo. Debe ser perseguida con mano firme y con la misma severidad que los delitos más graves, porque su impacto es estructural y prolongado: Robarle al Estado es robarle directamente a los más pobres.
La deuda histórica con la Colombia rural
Uno de los ejemplos más evidentes del daño estructural de la contratación corrupta está en las vías terciarias. Durante décadas, la Colombia rural ha sido víctima de contratos fallidos, obras inconclusas y recursos que nunca llegan a destino. El resultado es un país fragmentado, donde regiones enteras permanecen aisladas pese a su potencial productivo.
Esta deuda histórica no se salda con discursos ni promesas. Se salda cerrando los espacios donde se pierden los recursos y asegurando que cada contrato cumpla su función social. Combatir la corrupción en la contratación es, en ese sentido, una condición indispensable para integrar el país y reducir las brechas territoriales.
En ese contexto Abelardo durante su gira por Bucaramanga, aseguró que su compromiso con Santander se centra en resolver las obras largamente esperadas. “Me comprometo a saldar las deudas del Estado con Santander como la Ptar y la doble calzada”.
El ingrediente que siempre falta: carácter
Colombia no carece de diagnósticos, carece de carácter. Los problemas están identificados y las soluciones técnicas son conocidas. La decisión política de incomodar intereses, ejercer autoridad y hacer cumplir la ley sin excepciones.
Cerrar el gran agujero de la corrupción en la contratación estatal exige algo más que buenas intenciones. Exige decisión, control y la firme determinación de que el Estado deje, por fin, de premiar al corrupto y empiece a servir a los ciudadanos.
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