14 de febrero de 2026.
Quien delinque tiene dos caminos. O se somete a la justicia o enfrenta la fuerza legítima del Estado. Así lo planteó el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, tras abordar el tema de seguridad y derechos humanos.
Su enfoque puede resumirse así: el Estado debe proteger primero a la gente decente y trabajadora, y no a quienes viven del crimen.
La lógica que expuso es simple, si un criminal no acepta someterse, el Estado debe actuar con contundencia. Si decide entregarse, la consecuencia no puede ser una cárcel que funcione como centro de operaciones criminales, sino un sistema penitenciario real, aislado y eficaz.
En su visión, las cárceles actuales han perdido su función disuasiva. Desde allí se coordinan extorsiones, homicidios y estructuras ilegales. Por lo cual propone establecimientos de máxima seguridad, ubicados en zonas remotas y con bloqueo total de comunicaciones ilícitas.
No se trata de desconocer el marco constitucional. Se trata de priorizar la protección de quien cumple la ley, paga impuestos, trabaja y sostiene la economía.
En ese orden de ideas, la seguridad no es un asunto ideológico, sino una condición mínima para que la sociedad funcione. Sin seguridad, no hay inversión. Sin inversión, no hay empleo. Sin empleo, no hay prosperidad.
El eje de su propuesta es la recuperación de la autoridad. Para De La Espriella, el problema no es normativo sino de ejecución. Las leyes existen. La Constitución existe. El problema es que el Estado ha perdido capacidad de imponerlas.
Asimismo, busca devolverle moral y respaldo a la Fuerza Pública. No como instrumento arbitrario, sino como autoridad legítima que actúa dentro del marco legal.
En su discurso no hay llamados a venganzas personales. La confrontación, según aclaró, es jurídica e institucional. El delincuente que se someta tendrá garantías procesales; el que no, enfrentará la fuerza legítima del Estado.
Otro elemento que quiso enfatizar es su perfil de ejecutor. Se definió como un hombre de resultados. En el evento, utilizó incluso una referencia personal para subrayar que cumple lo que promete.
Más allá del tono anecdótico, el mensaje político fue claro: su campaña no busca discursos abstractos, sino acciones medibles en los primeros meses de gobierno.
Para Tunja y Boyacá, eso implica seguridad tangible en calles y zonas rurales. Implica reducir extorsiones, homicidios y presencia de estructuras ilegales.
El cierre del mensaje fue coherente con el resto de su narrativa en Boyacá: seguridad, empleo y empresa están conectados.
Si el trabajador vive con miedo, si el empresario es extorsionado y si el campesino no puede sacar su producción, no hay desarrollo posible. Por eso insiste en que la prioridad estatal debe estar con quienes producen y construyen el país.
El Estado no puede ser indulgente con el crimen mientras es débil con el ciudadano honesto.
En Tunja, la línea quedó trazada. Para De La Espriella, gobernar implica tomar partido. Y su partido, según lo dijo sin rodeos, es el de la gente decente y trabajadora.
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