09 de febrero de 2026.
En la carrera presidencial de 2026, uno de los ataques más recurrentes contra Abelardo De La Espriella no se centra en sus propuestas, sino en su origen: empresario, abogado penalista y ajeno a la política tradicional. Lejos de esquivar ese debate, el candidato lo enfrenta de manera frontal y lo convierte en una tesis de fondo sobre qué tipo de liderazgo necesita hoy Colombia.
Para el candidato, el problema no es haber sido penalista, sino que el país lleve décadas gobernado por personas que nunca han salido del Estado, que jamás han creado empresa, pagado nómina o asumido riesgos reales fuera de la burocracia.
Durante la entrevista con Noticias RCN, De La Espriella respondió a quienes cuestionan el desempeño de sus empresas. Aclaró que, de las compañías mencionadas por sus críticos, sólo una registra pérdidas moderadas, mientras que el resto opera con normalidad. Sin embargo, planteó una pregunta más incómoda para el debate público: ¿por qué nadie les exige a otros candidatos explicar de dónde proviene su sustento económico tras haber sido funcionarios toda su vida?
Según el candidato, existe una práctica instalada en la política colombiana: se persigue al que viene de afuera y se normaliza al que ha vivido del Estado. Mientras a unos se les examina peso por peso, a otros no se les pregunta cómo financiaron campañas, estilos de vida o estructuras políticas tras décadas en cargos públicos.
Uno de los señalamientos más insistentes es su pasado como abogado penalista. Para De La Espriella, este ataque revela un profundo desconocimiento del funcionamiento del Estado y de la historia política.
El penalista no es un apologista del crimen. Es, por definición, quien conoce cómo opera el poder punitivo del Estado, cómo fallan las instituciones, cómo se manipulan los procesos y dónde se rompen las garantías. En otras palabras, quien ha visto el sistema funcionar —y fallar— desde adentro.
En su argumento, el candidato recuerda que grandes líderes de la historia ejercieron el derecho penal antes de gobernar. No como una anécdota biográfica, sino como prueba de que conocer la ley en su dimensión más dura forma criterio, carácter y comprensión del poder.
A diferencia del político profesional, que conoce el Estado desde la oficina, el discurso o el cargo, De La Espriella sostiene que el penalista lo conoce desde el conflicto real: cuando el Estado persigue, se equivoca, abusa o es incapaz de proteger al ciudadano.
Por eso insiste en que Colombia no necesita más aprendices del poder, sino alguien que haya lidiado con sus consecuencias concretas.
El perfil de De La Espriella resulta incómodo para el establecimiento político por una razón central: no depende del Estado ni proviene de él. Ha generado recursos en el sector privado y ha enfrentado al Estado desde los estrados judiciales.
Esa doble experiencia le permite entender cómo se crea riqueza y cómo se destruye desde la mala política pública. Y, sobre todo, por qué un Estado sobredimensionado, mal gestionado y capturado termina asfixiando a los ciudadanos.
Colombia no va a corregir sus problemas estructurales con más burócratas reciclados, sino con liderazgo que no le deba favores al sistema.
Su experiencia como penalista no es un lastre, sino una credencial, haber estado en el lugar donde se evidencian las fallas más crudas del Estado le permite saber qué debe cambiar y cómo hacerlo.
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