Por: Redacción Defensores de la Patria
Mientras el gobierno de Gustavo Petro insiste en socavar las instituciones republicanas y manipular las reglas del juego democrático, Abelardo De La Espriella, líder de Defensores de la Patria, activa una ofensiva jurídica sin precedentes.
Estas son las acciones legales que constituyen una verdadera muralla legal contra el Socialismo del Siglo XXI que Petro intenta implantar en Colombia.
En febrero De La Espriella denunció ante instancias nacionales e internacionales la expedición del Decreto 0062 con el cual Gustavo Petro pretendía instaurar un Estado de Conmoción Interior bajo argumentos infundados.
Este decreto, diseñado para otorgar poderes especiales al Ejecutivo, fue denunciado como un intento descarado de concentrar facultades, saltarse el Congreso y manipular las instituciones democráticas.
En ese momento, anunció acciones ante la Corte Constitucional, así como denuncias en organismos internacionales contra las alianzas ilegítimas del gobierno con Maduro, las Farc, el ELN y el Cartel de los Soles.
Defensores de la Patria interpuso una acción de tutela contra el gobierno Petro por el recorte presupuestal de más de 20 billones de pesos a las Fuerzas Militares y de Policía.
Esta medida no solo debilita la seguridad nacional sino que pone en riesgo la vida de millones de colombianos.
La tutela exige que se restablezca el financiamiento completo de las instituciones armadas y se garantice su operatividad plena.
En julio de 2025, De La Espriella denunció penalmente a Gustavo Petro y a su jefe de gabinete, Alfredo Saade, por abuso de función pública en la adjudicación directa del contrato de pasaportes a la Imprenta Nacional.
Esta empresa no tenía experiencia ni infraestructura para asumir esa responsabilidad crítica.
La denuncia se sustenta en las declaraciones de la ex-canciller Laura Sarabia quien reveló que desde Casa de Nariño ordenaron retrasar las citas para manipular el sistema de expedición.
El trasfondo era sacar del camino a Thomas Greg & Sons, la empresa que por 14 años imprimió los pasaportes de Colombia, y tomar el control del proceso electoral a través de los documentos de identidad.
En abril, De La Espriella solicitó al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado de los Estados Unidos que investiguen y procesen al presidente Gustavo Petro y al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, por sus presuntos vínculos con el Cartel de los Soles, las Farc y el ELN.
El documento señala que el presidente colombiano habría recibido apoyo logístico, financiero y político de estructuras criminales internacionales para llegar al poder, poniendo en riesgo la soberanía y la estabilidad hemisférica.
El 2 de agosto Abelardo De La Espriella y el constitucionalista Germán Calderón España, dieron otro golpe jurídico al presidente Gustavo Petro al presentar ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad simple contra el Decreto 858 del 30 de julio de 2025, mediante el cual el gobierno intentaría imponer un nuevo modelo de salud sin pasar por el Congreso de la República.
La demanda argumenta que la salud es un derecho fundamental que solo puede ser modificado mediante ley estatutaria, no por decreto presidencial.
El nuevo modelo afecta de forma directa la manera como se prestan, financian y regulan los servicios médicos en Colombia.
Por eso, se solicitó también la suspensión inmediata del decreto, al advertir que su aplicación generará caos, desarticulación y graves riesgos para millones de pacientes.
En una medida sin precedentes, De La Espriella radicó un derecho de petición ante la Mesa Directiva del Senado solicitando que se practiquen exámenes clínicos urgentes para determinar si el presidente Gustavo Petro está mental y físicamente apto para ejercer el cargo.
La solicitud se basa en evidencias recientes que incluyen su alocución del 15 de julio, en la que Petro mezcló incoherentemente temas como la crisis de las EPS, los hipopótamos de la India, la Estatua de la Libertad y supuestos bienes en Italia.
Se citan además sentencias de la Corte Constitucional que consideran la adicción a sustancias psicoactivas como una posible enfermedad mental con implicaciones constitucionales.
De encontrarse una afectación real, se solicita activar el proceso para la declaratoria de incapacidad física o mental del presidente y que se notifique a la Vicepresidencia para proceder con la sucesión constitucional.
El 23 de julio se presentó un derecho de petición a la Presidencia solicitando copia del documento firmado entre Alfredo Saade y el gobierno venezolano sobre una supuesta zona económica binacional.
La acción advierte que Saade estaría asumiendo funciones reservadas al Presidente, al Congreso y a la Corte Constitucional, sin competencias para ello.
El movimiento exige claridad sobre si corresponde a un tratado internacional camuflado que no ha sido aprobado por el Congreso de la República ni sometido al control constitucional. Saltarse ese procedimiento pondría en juego la soberanía nacional.
De La Espriella presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el memorando firmado con Venezuela al considerar que se trata de un convenio internacional ilegalmente suscrito por funcionarios sin competencia.
Además de la falta de autorización del Congreso de la República, se advirtió que el memorando pone en riesgo la soberanía al abrir la puerta al narco régimen de Maduro en territorio colombiano, e incluso, podría constituir un delito de traición a la patria. Se solicitó medida cautelar para suspender sus efectos.
Estas acciones legales reflejan el compromiso de Defensores de la Patria con la defensa del orden constitucional, la soberanía nacional y los derechos fundamentales de todos los colombianos.
Con cada recurso, demanda, tutela y denuncia, De La Espriella planta cara al autoritarismo con herramientas jurídicas legítimas, defendiendo la democracia mientras otros la socavan.
