Conmigo rugirá la seguridad: así se recupera el control del país y se derrota al crimen

30 de enero de 2026.

Durante años le vendieron a Colombia la idea de que la inseguridad se resolvía dialogando con quienes empuñan fusiles, extorsionan comerciantes y reclutan niños. El resultado está a la vista: territorios perdidos, economías criminales fortalecidas y una ciudadanía atrapada entre el miedo y la impotencia. El candidato presidencial y líder del movimiento Defensores de la Patria Abelardo De La Espriella plantea un giro total: la seguridad no se negocia, se impone con autoridad democrática, resultados medibles y control real del territorio.

No se trata de discursos ni de promesas vagas. Se trata de un plan operativo, con objetivos claros, tiempos definidos y responsables directos.

El Valle del Cauca es hoy un espejo de lo que ocurre en Colombia. Incremento de grupos armados ilegales, expansión acelerada de cultivos ilícitos, secuestros, extorsiones, atentados terroristas y una gobernanza criminal que avanza mientras el Estado retrocede.

Entre 2023 y 2025, sólo la capital del Valle del Cauca registró 245 ataques y atentados. A esto se suma el reclutamiento de menores, las guerras híbridas —que combinan violencia armada, crimen organizado, desinformación y ciberataques— y una relación internacional debilitada que dejó a Colombia aislada frente a amenazas transnacionales.

El cambio de paradigma: autoridad democrática con resultados

El plan de seguridad de Abelardo De La Espriella se sostiene sobre un marco político-operativo con cinco ejes innegociables: autoridad democrática con pleno respeto a los derechos humanos, resultados medibles, desmonte de economías criminales, dirección civil con ejecución militar y cooperación internacional pragmática.

Aquí no hay improvisación. Cada acción responde a objetivos estratégicos concretos que incluye el control territorial permanente, reducción drástica de homicidios, extorsión y secuestro, desmantelamiento total de estructuras criminales, modernización real de la Fuerza Pública y blindaje institucional contra la politización.

Acciones de choque: los primeros 90 días

La seguridad no se recupera con comunicados. Se recupera con decisiones. En los primeros 90 días de gobierno se implementarán acciones de choque para capturar al menos diez cabecillas de alto valor, reactivar la aspersión con bioherbicidas, poner en funcionamiento Puestos de Mando Unificado en cada departamento y coordinar resultados operativos en tiempo real, comenzando por el Valle del Cauca.

Se trabajará de manera articulada con empresas de seguridad privada, se ampliará el pie de fuerza, se garantizará respaldo total a militares y policías, y se retomarán operaciones de alta precisión contra campamentos terroristas, minimizando riesgos para población civil y menores de edad.

La consigna es clara: al bandido no se le administra, se le somete.

El plan no se limita al uso de la fuerza. La lucha contra el narcotráfico será integral: aspersión aérea, uso de drones, erradicación manual, aspersión terrestre y programas de sustitución voluntaria, acompañados de presencia real del Estado con alternativas económicas legales.

Se pondrá en marcha una reforma penitenciaria urgente, transformando un sistema carcelario que hoy funciona como plataforma logística del delito. A esto se suma el fortalecimiento de la seguridad fronteriza ante el eventual retorno de estructuras criminales desde Venezuela y otros países vecinos.

Alianzas estratégicas y bloque regional de seguridad

La cooperación internacional vuelve a ser un activo, no un tabú. Se reactivarán alianzas estratégicas con Estados Unidos y el Estado de Israel para recuperar inteligencia militar, tecnología y capacidades operativas. En el plano regional, se respaldará decididamente el bloque Pacífico por la seguridad junto a Cauca, Chocó y Nariño.

Además, se activará un bloque de búsqueda contra la corrupción, entendiendo que sin depuración institucional no hay seguridad sostenible.

La estrategia se ejecutará en cinco fases: recuperación y estabilización, consolidación, sostenibilidad institucional y acción social focalizada. El impacto será inmediato y verificable con la reducción de homicidios y extorsiones, más hectáreas de coca intervenidas, municipios más seguros, ciudadanos más prósperos y una Fuerza Pública fortalecida.

Este no es un plan para administrar el caos. Es un plan para derrotarlo. Con autoridad, con carácter y con una idea clara: conmigo se acaba la permisividad y vuelve a rugir la seguridad.

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