Noviembre 20, 2025. 01:28 p.m. Para Abelardo De La Espriella, precandidato presidencial y líder de Defensores de la Patria, uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país no es la ausencia de legislación, sino el exceso de normas, decretos y regulaciones que han terminado por asfixiar la iniciativa privada, limitar la libertad de los ciudadanos e impedir que la justicia funcione con claridad. Lo resume con una frase que repite con convicción: “Este es un país con exceso de derecho y poca justicia”.
Su planteamiento parte de un diagnóstico claro: Colombia ha construido un entramado normativo que, lejos de resolver problemas, ha generado confusión, duplicidades, trámites innecesarios y restricciones que afectan a quienes producen, emprenden y trabajan. Para De La Espriella, el país no necesita expandir cada vez más el catálogo de leyes; necesita un gobierno que haga cumplir las que ya existen, que elimine las que no sirven y que libere a los ciudadanos de un Estado que interviene demasiado en su vida cotidiana.
En esa línea, expresa su intención de adoptar medidas desde el primer día de gobierno. “Quiero expedir 90 decretos en economía, seguridad, salud y educación”, señala. Aclara que lo hará dentro del marco constitucional que faculta al Ejecutivo para corregir distorsiones sin necesidad de pasar por procesos legislativos eternos.
Recuerda que el actual gobierno ha modificado sectores completos mediante decretos, y sostiene que es necesario desmontar esas mismas decisiones que, a su juicio, han generado retrocesos en áreas vitales como la salud.
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De La Espriella recalca que gobernar no es legislar sin límite. Por el contrario, considera que un país que necesita crear leyes para todo es un país que ha perdido el rumbo. Su visión estratégica implica eliminar gran parte del marco regulatorio existente, que describe como vetusto, innecesario o contraproducente.
“Debemos derogar muchísimas normas y aplicar las que ya hay”, afirma, convencido de que la libertad empresarial, la libertad económica y la libertad individual dependen de un Estado menos invasivo y más eficiente.
El precandidato cuestiona que el Congreso de la República produzca leyes en masa sin medir su impacto real. Para él, muchas normas no contribuyen al bienestar de la ciudadanía, sino que generan obstáculos: desde trámites que frenan la formalización, hasta regulaciones que dificultan la operación de empresas y proyectos regionales.
La solución, en su criterio, es clara: simplificar el sistema jurídico, asegurar que las reglas sean comprensibles y permitir que la actividad económica fluya sin cargas innecesarias.
Al mismo tiempo, insiste en que la otra cara de la moneda es la aplicación estricta de la ley que sí existe. Subraya que el problema no es la insuficiencia de normas, sino la falta de carácter para aplicarlas.
Su visión se basa en una ejecución firme, exegética y coherente que devuelva al Estado su autoridad sin afectar las libertades ciudadanas. La legalidad, afirma, debe convertirse en el eje del gobierno, no en una retórica vacía.
De La Espriella insiste en que la desregulación no implica desorden, sino claridad; no implica desprotección, sino responsabilidad; no implica improvisación, sino principios. Para él, un país donde el Estado ocupa espacios que no le corresponden termina debilitando precisamente las áreas que debería fortalecer: justicia, seguridad, salud, infraestructura y oportunidades económicas reales.
La apuesta es, en esencia, un retorno al sentido común: menos papeleo, menos barreras, menos imposiciones, más claridad y más aplicación real de la ley. En palabras del precandidato: “El problema no es la falta de leyes. El problema es que no se aplican como corresponde”.
Con este enfoque, De La Espriella propone que Colombia retome el camino institucional, fortaleciendo el Estado de derecho, dejando atrás reformas improvisadas y devolviendo a la ciudadanía la capacidad de decidir, emprender y crecer sin trabas innecesarias.
Quienes comparten esta visión de libertad, legalidad y orden están invitados a unirse a Defensores de la Patria y respaldar un proyecto que busca recuperar la sensatez normativa y la eficacia del Estado en beneficio de todos los colombianos.
