El precandidato presidencial Abelardo De La Espriella volvió a sacudir el debate público con una propuesta que, según él, busca cortar de raíz uno de los males más profundos del sistema penitenciario: el control criminal de las cárceles.
En una entrevista reciente con Elkin De La Hoz comparó el modelo de Nayib Bukele, en El Salvador, contra la realidad colombiana y señaló que, aunque ese sistema tiene limitaciones, es necesario tener en cuenta que “las cárceles no pueden ser un resort donde un bandido va a seguir delinquiendo”.
Para De La Espriella, el problema no es solo de infraestructura sino de quién custodia los centros penitenciarios. Apuntó directamente contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que calificó como “parte determinante del problema” por su incapacidad para controlar lo que ocurre en el interior de las prisiones.
Su propuesta es contundente: crear una división especial del Ejército para custodiar las cárceles bajo estrictos estándares de máxima seguridad. Además sugirió que la administración y la construcción de las prisiones deberían ser concesionadas al sector privado, con el Estado pagando por su operación, a fin de garantizar eficiencia y control.
La idea de trasladar el control penitenciario al Ejército no es nueva en Colombia, pero cobra fuerza en un contexto donde la extorsión desde las cárceles se ha disparado. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, más del 50 % de las extorsiones en el país se originan en los centros de reclusión con llamadas y amenazas dirigidas desde teléfonos móviles que entran con complicidad de guardias.
Además, estudios del Ministerio Nacional de Justicia han evidenciado que la sobrepoblación carcelaria y la corrupción en el Inpec facilitan que estructuras criminales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc mantengan su influencia desde la prisión.
La propuesta del líder de Defensores de la Patria no deja indiferente a nadie: para unos, es la única salida ante un sistema penitenciario colapsado; para otros, implica riesgos de militarización excesiva. Lo cierto es que el precandidato pone el dedo en la llaga; mientras las cárceles sigan siendo centros de operaciones criminales no habrá verdadera seguridad en Colombia.
La discusión está abierta. Lo que plantea De La Espriella no es un capricho, es un reflejo del clamor ciudadano que exige mano firme frente al crimen organizado.
