En las últimas horas, el abogado Jaime Lombana lanzó críticas contra la candidatura de Abelardo De la Espriella, afirmando que “no lo representa” y que preferiría a “alguien que no tenga cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares”.
El comentario, aunque envuelto en un aparente juicio moral, revela un error de fondo: confundir la función del abogado con los actos de sus defendidos. Y eso, en un Estado de Derecho, es un error tan grave como peligroso.
Supongamos, en gracia de discusión, que Abelardo De la Espriella ha defendido narcotraficantes o personas vinculadas a causas impopulares. ¿Eso lo convierte en mala persona? ¿Lo hace un mal candidato? ¿Lo convierte en delincuente o lo hace cómplice de sus clientes?
La respuesta jurídica, ética y democrática es no.
Defender no es avalar. Ejercer la defensa técnica no implica adhesión moral ni complicidad. Y negar ese principio sería dinamitar el corazón mismo de la justicia.
La Constitución de 1991, los tratados internacionales y los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados son claros: los abogados no deben ser identificados con las causas de sus clientes. Si empezamos a perseguir o desacreditar abogados por a quiénes defienden, mañana no habrá quién se atreva a defender a nadie. El derecho a la defensa es un derecho humano universal, y su ejercicio no depende de la simpatía pública por el acusado.
Cuestionar a un abogado por los clientes que asume equivale a negar el principio de presunción de inocencia, y socava el derecho al defensor de confianza. En una democracia madura, se evalúan las ideas, no los prejuicios. Se debate sobre programas, no sobre etiquetas morales impuestas por la conveniencia política o la competencia profesional.
Por eso, las declaraciones de Lombana no solo son desafortunadas, sino incoherentes con la ética que su propio título le impone.
El Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123 de 2007) establece que los juristas deben comportarse con mesura, respeto y lealtad profesional, y abstenerse de emitir juicios temerarios o despectivos sobre otros colegas. La ley es explícita: injuriar o menospreciar públicamente a otro abogado puede constituir falta disciplinaria.
Y más allá de la norma, hay un principio elemental: la coherencia moral. No se puede predicar la defensa de la justicia cuando se estigmatiza a quien la ejerce desde otra orilla.
El debate sobre De la Espriella debería centrarse en sus ideas, propuestas y trayectoria, no en insinuaciones sin sustento. Abelardo ha construido una carrera visible, polémica y mediática, sí, pero también respaldada por resultados, liderazgo y una defensa abierta del Estado de Derecho. Es perfectamente legítimo que aspire a la Presidencia, y aún más legítimo que el pueblo sea quien decida si lo elige o no.
Porque, al final, el verdadero problema no es que De la Espriella haya defendido narcotraficantes, sino que haya abogados y sectores que olvidan que sin defensa, no hay justicia.
Y para cerrar con la misma ironía con que empezó la polémica:
Está bien que Jaime Lombana no sienta que Abelardo De la Espriella lo representa.
Pero pensemos al contrario: ¿a quién representa Lombana?
La respuesta es sencilla: solo a quienes le pagan.
