24 de febrero 2026
En medio del debate sobre el sistema de salud, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella fijó una posición que marca distancia de los enfoques extremos: ni estigmatización total del modelo ni defensa automática de todas las EPS. Su premisa es clara: las que funcionen bien tendrán el respaldo del Estado; las que incumplan, saldrán.
Durante la entrevista con la emisora La Kalle, fue enfático en rechazar las generalizaciones. “No podemos meter a todas en el mismo saco”, sostuvo, comparando esa lógica con afirmar que todos los colombianos son responsables de los crímenes de unos pocos. Para el candidato, asumir que todas las EPS son malas es una simplificación que impide un análisis serio del sistema.
De La Espriella evitó señalar nombres específicos. Argumentó que como abogado no puede prejuzgar sin revisar expedientes, indicadores y evidencia técnica. Esa posición apunta a un enfoque institucional, las decisiones deben tomarse con base en datos, no en percepciones o presiones políticas.
En su planteamiento, el Estado debe ejercer una supervisión rigurosa, con auditorías reales y control efectivo. Las EPS que cumplan estándares financieros, administrativos y de calidad en la atención recibirán respaldo estatal y estabilidad jurídica. Las que incumplan, perderán la habilitación para operar.
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La propuesta no plantea la eliminación automática del modelo de aseguramiento. Tampoco su estatización total. Se basa en una lógica de competencia regulada: quien presta bien el servicio permanece; quien no lo hace, sale del sistema.
Para el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, el foco debe estar en el paciente y no en la estructura ideológica del modelo. El objetivo es garantizar acceso oportuno, continuidad en tratamientos y sostenibilidad financiera.
El candidato sostiene que el sistema de salud requiere transformación estructural, pero no demolición improvisada. En su visión, destruir lo que funciona sería tan perjudicial como mantener lo que falla.
Su enfoque se apoya en tres pilares:
En este esquema, el Estado no actúa como competidor directo, sino como garante del orden, la supervisión y la protección del usuario. La función pública consiste en vigilar, corregir y, si es necesario, intervenir.
La línea es directa: en la Patria Milagro, la salud debe funcionar. Las entidades que lo hagan bien contarán con respaldo. Las que no, dejarán de operar. El criterio no será político, sino técnico y jurídico.
Con esta postura, De La Espriella busca proyectar una visión de orden institucional en un sector clave, enviando una señal clara, el sistema no se desmonta por ideología, se corrige con autoridad y evidencia.
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