Febrero 28 de 2026
Abelardo De La Espriella, líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, estando en tarima en Santander, dijo: “Yo estoy aquí porque nos convoca la patria, pero sobre todo la vida. Una vida que está en riesgo por cuenta de una crisis humanitaria en salud”.
En un país donde la salud es un derecho fundamental, cada muerte que se pudo evitar no es solo una tragedia familiar; es un síntoma de un sistema que está fallando. Como lo expresa el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, “Nada puede justificar una muerte por falla en el sistema de salud”. Esta frase representa la voz de miles de colombianos cansados de pelear contra un sistema de salud indolente. Frente a lo que complementa, que esto no puede pasar “ni por la negligencia, ni por falta de humanidad, ni por la burocracia”.
La Constitución Política de Colombia de 1991 consagra la salud como servicio público esencial, interpretado por la Corte como derecho fundamental. Sin embargo, se observa diariamente cómo el Artículo 49, en el que se establece la atención de la salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado, es vulnerado.
Sus puntos clave, donde se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud; y se afirma que el Estado debe organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad son bastante cuestionables. Así como también la vigilancia y control sobre entidades privadas que presten servicios de salud; y la anotación expresa que manifiesta que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Con todo lo anterior, se hace evidente que el sistema está fallando. Basta con leer los titulares de los medios para corroborarlo.
Pero hay más artículos. Están el 44, que hace énfasis en los derechos fundamentales de los niños, o el 366, que establece el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población como finalidades sociales del Estado. Conocerlos hace que las dudas sobre qué está haciendo el Estado sean mayores.
La situación no es nueva, pero sí preocupante
No sorprenden los datos socializados por la Superintendencia de Salud. La entidad ha dicho que entre 2025 y 2026 las quejas superan los cientos de miles. La mayoría de ellas están relacionadas con barreras de acceso a la atención, medicamentos y cirugías. Adicionalmente, conocer que el déficit acumulado superior a los 20 billones de pesos ha generado que las EPS propicien prácticas dilatorias que, más allá de trámites lentos, se convierten en sentencias de muerte mientras el paciente espera una firma.
Aunque esta realidad no es nueva, sí se complica cuando se impulsa una reforma a la salud que establece la necesidad de eliminar intermediarios y fortalecer la atención primaria. Sin embargo, su implementación parcial ha agravado las inequidades, particularmente en regiones apartadas. La postura del candidato se ha centrado en reconocer que el modelo actual no funciona. Los incentivos son perversos, y el lucro choca de frente contra el derecho a la salud y la vida, especialmente cuando se aborda como un deber ético.
Desde Defensores de la Patria tenemos la convicción de que Colombia no puede seguir normalizando la pérdida de vidas como “costos del sistema”. La salud no es un servicio sujeto a presupuestos; es un derecho inalienable, como lo establece la Constitución, y eso no es negociable. Por ello, seguiremos luchando para mejorar el sistema, y así contar el número de pacientes curados y no el número de víctimas del sistema de salud.
¡Firmes por la Patria!
