Abelardo De La Espriella comparó el asesinato de Miguel Uribe con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y exigió que el caso avance con una investigación exhaustiva, técnica y sin intromisiones políticas.
En recientes declaraciones, el candidato y líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, insistió en que no se repita el “manual de la impunidad” y criticó lo que denomina maniobras y “piruetas para enredar el procedimiento” tras cuestionar que funcionarios ajenos a la investigación penal opinen públicamente sobre el expediente y, con ello, influyan en su desarrollo.
El abogado y dirigente sostuvo que entidades del Ejecutivo y voceros políticos no deben pronunciarse sobre el fondo de un caso que corresponde, por mandato constitucional, a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces.
Rechazó las declaraciones públicas de altos cargos y señaló que la investigación debe blindarse de presiones para evitar que se dilate, además agregó que “¿Qué tienen que hacer entidades del Estado distintas a la Fiscalía opinando sobre el proceso?” y recordó que el país ha visto ese “modus operandi” en expedientes de alto impacto.
De La Espriella recalcó que la memoria de Miguel Uribe demanda justicia y que el proceso debe mantenerse libre de interferencias para evitar que, como en otros magnicidios de la historia reciente de Colombia, la impunidad termine imponiéndose sobre el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer los responsables.
“No a la contaminación del proceso”
Al trazar el paralelo con el expediente de Gómez Hurtado, De La Espriella sostuvo que cualquier intromisión, como pronunciamientos de inteligencia, declaraciones de ministros o señalamientos cruzados, distorsiona la labor investigativa y crea un ambiente de confusión que favorece la impunidad.
De ahí su llamado a que cada institución actúe en el marco de sus competencias, se preserven la cadena de custodia y la reserva sumarial, y se informe a la opinión pública con prudencia y rigor.
Contexto breve: el caso Álvaro Gómez Hurtado
Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda.
Su magnicidio marcó a la política colombiana y, por décadas, el expediente acumuló hipótesis y giros sin sentencia. En 2017, la Fiscalía lo declaró crimen de lesa humanidad, decisión que impide la prescripción y obliga a continuar la búsqueda de responsables.
A partir de 2020, la antigua cúpula de las Farc manifestó ante la Justicia Especial de Paz (JEP) que asumía la responsabilidad por ese y otros homicidios de alto perfil; sin embargo, esa versión sigue disputada por sectores políticos y por la familia Gómez, que en 2025 reiteró su rechazo y pidió que el caso permanezca en la justicia ordinaria.
Este año, la JEP decidió asumir la investigación de varios magnicidios atribuidos al antiguo secretariado, decisión que elevó el debate público sobre competencias y rutas de verdad.
