Por: Redacción Defensores de la Patria
Abelardo De La Espriella busca devolverle el control de la economía a los ciudadanos de bien y romper los vínculos estructurales entre el poder público y la corrupción.
Parte del deterioro institucional que vive Colombia se debe a una economía secuestrada por mafias políticas, testaferros y estructuras criminales que desvían los recursos del Estado.
“La justicia debe ser equitativa e implacable con el crimen, protectora de los ciudadanos de bien. Hay que perseguir a los bandidos donde quiera que se escondan y aplicarles mano de hierro”, afirmó.
No se trata solo de castigar al criminal común, sino de golpear la corrupción con mecanismos judiciales eficaces y un aparato estatal fortalecido.
Una de las medidas clave que propone es la creación de un bloque de élite contra la corrupción que incluya inteligencia militar, la Fiscalía y la Contraloría, junto con un tribunal especial que imponga condenas efectivas de extinción de dominio exprés contra “los corruptos, a los testaferros y a sus familiares”.
La corrupción no solo es un problema ético o moral: es un fenómeno que “empobrece a los ciudadanos, sabotea el emprendimiento, arruina las instituciones y destruye la confianza pública”.
En ese sentido “la economía debe estar al servicio de los colombianos, no de los corruptos”, y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan: las familias trabajadoras, los jóvenes emprendedores, los campesinos y las pequeñas empresas.
Desde su experiencia como empresario y abogado, De La Espriella cuestiona las barreras que enfrenta el sector privado para generar empleo y desarrollo.
“He creado empresa, he pagado nómina en un país en el que es muy complicado porque todo está diseñado para que el empresario padezca un proceso tortuoso”, afirmó.
Los datos más recientes de Transparencia por Colombia evidencian el enorme impacto que tiene la corrupción sobre la economía nacional y la vida de millones de colombianos.
Entre 2016 y 2022, $137, 65 billones estuvieron comprometidos en hechos de corrupción relacionados con contratos, obras o servicios.
De ese monto, $21, 28 billones terminaron en manos de actores corruptos, mientras que apenas $9, 08 billones fueron recuperados por las autoridades mediante sanciones, multas o procesos de devolución.
El impacto social ha sido devastador: 14, 53 millones de personas se han visto afectadas directamente por actos de corrupción, siendo los niños, niñas y adolescentes el grupo más perjudicado, al representar el 24, 65 % del total de víctimas.
De La Espriella advierte que este fenómeno no solo desangra el erario, sino que también impide el acceso a servicios básicos, frena el desarrollo regional y profundiza la desigualdad.
“La economía debe estar al servicio de los colombianos, no de los corruptos”, insiste, al proponer medidas de choque para recuperar los recursos públicos y devolverle la función social al Estado.
Para revertir esta situación, asegura que se requiere voluntad política, acción decidida y respaldo ciudadano. “Vine a hacer patria. Vine a servir, no a servirme. A hacer lo que muchos prometen, pero pocos ejecutan”, concluyó.
¡Firme por Colombia!