Por: Redacción Defensores de la Patria
No todos los derechos tienen el mismo valor ni deben aplicarse de la misma manera. Para el precandidato presidencial Abelardo De La Espriella existen “derechos por categorías”, y quienes cumplen con la ley y aportan a la sociedad merecen estar en el nivel más alto de esa escala; en cambio, quienes eligen la criminalidad deben resignarse a ocupar el último lugar, donde los privilegios desaparecen y solo queda el peso de la sanción.
De La Espriella plantea que los derechos de primera categoría pertenecen a la ciudadanía decente, a la gente que trabaja, paga impuestos y respeta el orden.
Son esos colombianos los que deben ser protegidos con prioridad por el Estado, en contraposición, ubica a los criminales en lo que denomina “derechos de cuarta o quinta categoría”, señalando que alguien que rompe las reglas de convivencia y afecta la vida de los demás no puede tener las mismas garantías que quien respeta la ley.
El concepto rompe con la visión tradicional de la universalidad de los derechos, pero responde a una demanda social de mano firme frente al crimen; en la práctica, lo que De La Espriella propone es un endurecimiento de las condiciones en las que los delincuentes purgan sus condenas como cárceles más severas, sin lujos ni comodidades, y bajo una vigilancia que les impida seguir delinquiendo desde sus celdas.
Para él, un criminal debe pagar su deuda con la justicia bajo condiciones estrictas que le recuerden el peso de sus actos, no en lugares que parecen “resorts” desde donde se planifican nuevas fechorías.
La idea de jerarquizar los derechos no es aislada dentro de su propuesta de gobierno y hace parte de su visión de un Estado que inspire respeto en los ciudadanos y miedo en los bandidos.
Para el líder del movimiento Defensores de la Patria, la autoridad no puede ser débil ni permisiva y más bien debe ser implacable frente a quienes atentan contra la seguridad colectiva.
“La mano de hierro contra la criminalidad es la única manera de devolverle la paz a la gente”, aseguró en sus intervenciones públicas.
Esto implica limitar de manera drástica las prerrogativas de los reclusos, priorizando siempre la seguridad de la sociedad sobre las comodidades de los delincuentes.
En el fondo, lo que plantea es un cambio de operación, mientras que el actual sistema carcelario, administrado por el INPEC, ha sido señalado de permitir privilegios indebidos y de ser incapaz de contener a las mafias, su propuesta se orienta a que los criminales tengan el mínimo indispensable, sin posibilidad de continuar con su carrera delictiva.
En una Colombia golpeada por la violencia, la corrupción y la impunidad, su propuesta envía un mensaje poderoso a los ciudadanos y es que los criminales no pueden estar al mismo nivel que los ciudadanos honestos, esa es la base de un orden social justo.
Llegó la hora de proteger con decisión a los colombianos honestos y trabajadores, los delincuentes deben sentir el peso de la ley y entender que sus “derechos” jamás estarán por encima de los de una sociedad decente.
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