Por Martin Eduardo Botero
En las democracias maduras, el debate político se libra con ideas, no con montajes. En las sociedades en crisis, en cambio, se recurre a la difamación, la manipulación digital y la desfiguración del adversario. Lo que está ocurriendo en Colombia con Abelardo De La Espriella, abogado y candidato presidencial, pertenece lamentablemente a esta segunda categoría: una campaña sistemática de descrédito dirigida a erosionar su imagen pública y neutralizar el crecimiento de una propuesta política libre, independiente y profundamente patriótica.
Durante años, De La Espriella ha construido un liderazgo basado en la defensa de la justicia, la libertad y la verdad. Su voz, incómoda para muchos, ha representado un desafío a las élites políticas que se han alternado el poder mediante favores, pactos y silencios. En ese contexto, su independencia no solo es un valor, sino una amenaza para quienes necesitan presidentes dóciles y financiados por intereses ajenos al bien común.
La más reciente ofensiva contra él ha sido protagonizada —de forma directa y lamentable— por el propio presidente de la República, quien difundió un video de archivo con el propósito evidente de distorsionar el contexto y manipular la percepción pública. Esa conducta, más allá de su torpeza política, compromete la responsabilidad institucional del Jefe de Estado, que no puede ni debe utilizar su investidura ni los canales oficiales de comunicación para atacar a un ciudadano o a un adversario político.
La Constitución de 1991, en sus artículos 2, 40 y 112, consagra el derecho de toda persona a participar en la conformación del poder político sin coacción ni persecución. Y el artículo 13 garantiza la igualdad de trato y de oportunidades. Utilizar el poder presidencial o los recursos del Estado para desacreditar a un contendiente no solo es una falta ética: puede configurar un abuso de poder y una vulneración directa de los derechos políticos protegidos por la Carta y por tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 23).
Más grave aún, diversas fuentes han señalado la posible existencia de operaciones de contrainteligencia identificadas como “Tigre” y “Temú”, presuntamente diseñadas para fabricar ataques mediáticos y coordinar campañas digitales contra De La Espriella. Si ello se confirmara, estaríamos frente a un hecho de extrema gravedad: el uso del aparato de inteligencia del Estado para fines políticos, una práctica propia de regímenes autoritarios, incompatible con el principio republicano y con la obligación de neutralidad política que la Constitución impone al Presidente y a las Fuerzas Armadas (art. 219).
En democracia, la inteligencia estatal se emplea para proteger a los ciudadanos, no para espiar o desacreditar a quienes piensan distinto. Lo contrario constituye una forma moderna de persecución política, y —en el plano internacional— puede incluso configurar violaciones a la libertad de pensamiento y de expresión, protegidas por los artículos 13 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sin embargo, más allá de las implicaciones jurídicas, esta campaña revela algo más profundo: el miedo del poder frente a la independencia moral. En un país donde la política se financia con favores, bancos, empresarios o, peor aún, con dineros oscuros, De La Espriella representa una anomalía: un candidato que no depende del Estado, que no parasita del erario, y que no necesita postrarse ante las élites. Su fuerza proviene de la gente común, del ciudadano cansado de los mismos discursos reciclados, de los partidos convertidos en maquinarias de extorsión institucional.
Por eso los ataques arrecian. Porque lo que no se puede comprar, se intenta destruir.
El derecho a disentir, a criticar y a participar en la vida política sin ser objeto de persecución es la piedra angular de toda república. Cuando el poder comienza a usar el desprestigio como arma, la democracia entra en terapia intensiva.
El pueblo colombiano tiene la responsabilidad histórica de reconocer la diferencia entre el ruido de la propaganda y la voz de la verdad. Y esa verdad —incómoda, firme, incorruptible— es la que hoy encarna Abelardo De La Espriella.
Porque al final, en toda nación que se respete, la justicia no se decreta: se defiende.
Y defenderla, aunque cueste caro, sigue siendo el acto más noble de un patriota.
Amen
