11 de febrero de 2026.
Intentar convertir el ejercicio legítimo del derecho en un arma política. Esta vez, el nombre que buscan desempolvar es el de David Murcia Gizman. La respuesta del candidato presidencial Abelardo De La Espriella es directa: no hay escándalo, no hay delito, no hay sanción. Hay hechos.
De La Espriella recuerda algo elemental pero convenientemente olvidado por sus críticos: el abogado no es juez, no es fiscal y no es parte del delito. Su función es garantizar el derecho a la defensa, un principio protegido por la Constitución y por los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
En su trayectoria profesional no existe condena penal ni sanción disciplinaria. Eso no es un discurso, es un registro verificable. Su ejercicio fue legal, técnico y dentro del marco jurídico vigente. Pretender lo contrario es desconocer la esencia misma del Estado de derecho.
Cuando un abogado asume una defensa, lo hace bajo un principio fundamental: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esa garantía no depende de la popularidad del cliente ni del ambiente mediático. Es una piedra angular de cualquier democracia seria.
El intento de convertir esa defensa técnica en complicidad no solo es jurídicamente absurdo, sino políticamente oportunista. Si mañana se elimina ese principio por presión pública, nadie estaría protegido.
En el caso específico de DMG, la relación profesional fue breve. La defensa se estructuró con base en la información suministrada en su momento. Cuando surgieron inconsistencias sustanciales frente a lo presentado por la Fiscalía, De La Espriella se apartó del caso. No hubo encubrimiento, no hubo maniobra, no hubo continuidad.
Ese dato cambia completamente la narrativa. Y es precisamente el que muchos omiten cuando buscan instalar sospechas.
En campaña, el manual es predecible: asociar, insinuar, repetir. Lo que no pueden cuestionar en el presente intentan contaminarlo con el pasado. Pero una cosa es haber ejercido la defensa técnica de un ciudadano y otra muy distinta es haber participado en delitos. Confundir ambas es intelectualmente deshonesto.
El mensaje del candidato es claro: no hay cuentas pendientes con la justicia, no hay procesos abiertos por su ejercicio profesional, no hay sombras jurídicas que lo persigan.
Más allá del caso puntual, De La Espriella plantea un punto de fondo: si se empieza a estigmatizar a los abogados por ejercer su profesión, el siguiente paso es debilitar el sistema de garantías. Defender no es justificar. Representar no es compartir. Litigar no es delinquir.
Por eso insiste en que este no es un debate sobre nombres propios, sino sobre principios institucionales.
DMG, en ese sentido, no es un ataque vigente. Es un expediente cerrado en el marco de su actuación profesional. Y frente a la especulación, la respuesta no es retórica: son hechos verificables.
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