Por: Redacción Defensores de la Patria
En una entrevista reciente, Abelardo De La Espriella planteó un reto directo sobre “la Lucha contra la corrupción con la que se pierden al menos 60 billones de pesos al año. ¿Qué tal si yo me paro de frente a la corrupción y le pego una correteada de padre y señor nuestro a todos los corruptos y no dejo que se roben la plata? Quedan 60 billoncitos de pesos”,
De acuerdo con Transparencia por Colombia, entre 2016 y 2022 se documentaron casos de corrupción que comprometieron 137, 65 billones de pesos, de los cuales se perdieron 21, 28 billones de pesos y apenas se recuperaron 9, 08 billones.
La Auditoría General de la República calculó que los delitos contra el erario público le costaron al país más de 50 billones de pesos en solo un año.
El contrabando también hace parte de este panorama, la DIAN estimó que en 2023 alcanzó los 7000 millones de dólares, equivalentes al 10 % de las importaciones al país, mientras que reportes internacionales calculan que en 2022 superó los 8800 millones de dólares, es decir, cerca de 36 billones de pesos.
Este problema, ligado a corrupción, lavado de activos y crimen organizado, ilustra la magnitud del desafío.
Casos recientes y emblemáticos confirman la gravedad del panorama, como el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, que reveló contratos irregulares por 92.000 millones de pesos, transferencias desde Hacienda por 1, 4 billones de pesos y sobornos que superaron los 4000 millones de pesos a congresistas.
En 2016, por el caso de Reficar hubo pérdidas superiores a los 8000 millones de dólares, uno de los deterioros patrimoniales más grandes en la historia de Colombia.
El escándalo de Centros Poblados en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dejó un contrato de un billón de pesos con anticipos por 70.000 millones, de los cuales apenas se recuperaron 2000 millones, y con sanciones de 87.027 millones de pesos impuestas por la Contraloría General de la Nación.
Durante el mandato actual, la fiscal general Luz Adriana Camargo ha sido cuestionada por la supuesta paralización del caso contra Daniela Andrade, exvicepresidenta de la Fiduprevisora y notaria de Bogotá, quien presuntamente firmó contratos irregulares por más de 1 billón de pesos.
A pesar de que estas denuncias surgieron hace seis meses y fueron respaldadas por declaraciones del exsuperintendente de Salud, los avances en la Fiscalía han sido mínimos, lo que ha generado críticas sobre posibles sesgos políticos y falta de diligencia en este caso de altísima sensibilidad pública.
Otra situación que ha encendido las alertas en torno a la ética gubernamental fue la filtración de un chat del ministro del Interior, Armando Benedetti, donde sugirió bloquear proyectos en el Valle del Cauca como represalia política tras un rechazo del partido de la U en el Senado.
Esta revelación puso en evidencia prácticas clientelistas que podrían derivar en cierres de inversión por un valor estimado en 22 billones de pesos y amenazan más de 49.000 empleos en la región, incluyendo obras trascendentales como el tren Cali–Jamundí, el dragado del puerto de Buenaventura y la vía Mulaló–Loboguerrero.
Estas cifras dejan en evidencia que el problema es estructural y profundo; entre lo documentado por organismos de control, las pérdidas anuales y los casos recientes, se dibuja un panorama de recursos que podrían haber financiado infraestructura, salud y educación para millones de colombianos.
Combatiendo la corrupción, Colombia puede recuperar los recursos que hoy se desangran en manos de unos pocos, es un clamor nacional que exige firmeza, valentía y decisión política.
Abelardo De La Espriella ha dejado claro que no habrá espacio para los corruptos, porque cada peso robado es una vida afectada y un derecho vulnerado.
La hora de poner fin a este cáncer ha llegado, y el camino empieza uniéndose al movimiento de quienes no se rinden ante la injusticia: Defensores de la Patria.
