COMUNICADO DE PRENSA
La justicia ordena restablecer el esquema de seguridad del precandidato presidencial Abelardo De La Espriella
El Juzgado 58 Administrativo de Bogotá, que en sentencia del 9 de octubre de 2025, reconoció la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad del precandidato presidencial Abelardo De La Espriella, ordenando a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional restablecer de inmediato su esquema de protección.
Este fallo es una victoria de la justicia sobre la persecución. Durante meses, el Gobierno de Gustavo Petro se negó a garantizar mi protección, pese a las denuncias públicas y a las alertas sobre los riesgos que enfrentó por ejercer oposición política con firmeza.
Hoy, la justicia le pone freno a ese abuso de poder y reafirma que la vida y la seguridad no son favores del Estado, sino derechos inviolables.
El fallo demuestra que las instituciones todavía pueden actuar con independencia, a pesar de la presión política. El Gobierno pretendió castigar mi voz por no arrodillarme, y ahora la justicia lo desautoriza.
En el fallo, el despacho judicial reconoce que el precandidato es “una persona de especial protección constitucional” dado su rol en la contienda presidencial y el nivel de riesgo que enfrenta. La sentencia subraya que la omisión del Gobierno puso en peligro su vida y la de su familia y, por tanto, ordena la implementación inmediata del esquema de seguridad.
No obstante, mi equipo jurídico impugnará parcialmente la decisión, ya que la sentencia no se pronunció sobre la solicitud de protección para mi esposa e hijos, quienes también han sido objeto de amenazas.
Defender la familia es un principio irrenunciable. Impugnaremos hasta que la justicia reconozca que la protección debe ser integral, porque el riesgo que asumimos no termina en mí: alcanza a quienes amo y me acompañan en esta lucha.
Desde mi lanzamiento como precandidato presidencial, he denunciado una campaña sistemática de intimidación y desprestigio impulsada por sectores del Gobierno y del establecimiento. En repetidas ocasiones, mi equipo alertó sobre omisiones de la UNP, que incluso retiró parte de mi esquema de seguridad en 2023, cuando ya había sido objeto de amenazas de grupos criminales.
El fallo confirma lo que he venido denunciando: el Estado no puede usar la seguridad como instrumento político ni castigar con indiferencia a quienes piensan distinto.
El pueblo colombiano merece un gobierno que proteja, no que persiga; que garantice la vida de todos, no que la ponga en riesgo por pensar diferente.
A quienes creen que con miedo van a detenernos, les reitero; No me van a callar, ni a mí ni a los miles de colombianos que están firmes por la patria.
