Por Juan Camilo Valencia González
Abelardo de la Espriella lleva meses advirtiendo lo que muchos preferían minimizar: que Gustavo Petro no busca reformar el sistema, sino capturarlo. Que detrás de su retórica de cambio late una ambición corrosiva: perpetuarse en el poder a cualquier costo. Hoy, con el proyecto de ley que pretende convocar una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución, aquella advertencia suena menos a exageración y más a diagnóstico clínico de una enfermedad institucional.
La lógica democrática se quiebra cuando el gobernante convierte la norma suprema en un instrumento personal. Y la moral política se desvanece cuando las instituciones son tratadas como obstáculos y no como pilares de la República. El texto presentado por el ministro Eduardo Montealegre, bajo el auspicio de Petro, confirma ese quiebre: setenta y un delegados, de los cuales veintisiete pertenecen a sectores que orbitan la base política del petrismo, y un Presidente investido de facultades extraordinarias para definir quiénes competirán por esos escaños. Es decir, el árbitro diseña las reglas, selecciona a los jugadores y decide cuándo empieza el partido.
No hay equilibrio alguno en un diseño donde el Ejecutivo define la arquitectura del poder constituyente. Tampoco hay buena fe en un intento que llega a menos de un año de las elecciones presidenciales y que permitiría, bajo la fórmula de “reforma total”, reabrir el debate sobre la reelección. Petro sabe que sus reformas se hundieron en el Congreso y que su capital político se erosiona. De ahí la fuga hacia adelante: si no puede gobernar con la Constitución vigente, intenta redactar una a su medida. Es el gesto desesperado de quien, ante la derrota institucional, opta por incendiar la casa.
Abelardo lo dijo sin rodeos: si seguimos por este camino, no habrá elecciones libres en 2026. Y no lo dijo como profeta del desastre, sino como jurista que entiende la anatomía del poder. Petro ha construido una narrativa de desconfianza sistemática: deslegitima la Registraduría, desprecia la justicia, acusa a la prensa y presenta a todo aquel que no le obedece como parte de una conspiración oligárquica. Ese discurso no es accidental. Es la coartada que necesita para justificar el salto hacia un proceso constituyente controlado, una suerte de “refundación” disfrazada de participación popular.
Cuando el poder se separa de la lógica, la política se convierte en capricho. Y cuando la moral se somete al cálculo, la democracia se degrada en farsa. Petro ha hecho ambas cosas: ha corrompido la lógica del Estado y ha vaciado de contenido la moral republicana. Se escuda en el pueblo para atentar contra la soberanía popular y se ampara en el lenguaje de los derechos para perpetuar su voluntad. No hay mayor traición al espíritu de 1991 que esta tentativa de suplantar la Constitución por una herramienta de control ideológico.
Por eso cada día cobra más fuerza la frase de Abelardo: Colombia atraviesa sus horas más oscuras. No porque haya sombras inevitables, sino porque el propio presidente ha decidido apagar la luz. Las instituciones tiemblan, el país se divide, y el proyecto de Constituyente amenaza con sepultar treinta años de equilibrio republicano. En nombre del cambio se prepara la regresión; en nombre de la paz se gesta la imposición.
Petro podrá intentar vestir de idealismo su asalto, pero la historia es implacable con los hombres que confunden liderazgo con dominación. La Constitución no es una servilleta para reescribir a capricho, ni el poder un trofeo que se perpetúa. Colombia no necesita un refundador: necesita un presidente que gobierne dentro de la ley y respete sus límites. En eso, una vez más, Abelardo tenía razón.
