18 de febrero 2026
La defensa de las mujeres en Colombia no puede reducirse a consignas de campaña. El candidato presidencial Abelardo De La Espriella sostuvo que su compromiso con esta causa no nació en la política sino en los estrados judiciales, donde impulsó transformaciones legales que hoy protegen a miles de víctimas de violencia.
Es necesario resaltar que fue abogado en el caso de Rosa Elvira Cely, cuyo asesinato derivó en la expedición de la ley que tipificó el feminicidio como delito autónomo en el país. Antes de esa reforma, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, estos crímenes eran tratados bajo figuras penales que no reconocían la violencia de género como categoría específica.
También hizo referencia a su papel en el proceso judicial de Natalia Ponce de León, víctima de un ataque con ácido que conmocionó al país. De ese caso surgió la ley que endureció sustancialmente las penas contra quienes cometen agresiones con agentes químicos. Hasta entonces, esos ataques eran considerados lesiones personales con sanciones significativamente menores, dando también cabida a la Ley Natalia Ponce de León
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De La Espriella sostuvo que las mujeres no reclaman privilegios ni paternalismo estatal, sino garantías efectivas para desarrollar sus proyectos de vida con seguridad y oportunidades. En su planteamiento, el papel del Estado debe centrarse en brindar protección jurídica, condiciones de emprendimiento y acceso equitativo a la justicia.
Añadió que la participación femenina fortalece la administración pública. Argumentó que donde hay liderazgo de mujeres suele haber mayor rigor en el manejo de recursos y disciplina institucional. Por ello, manifestó su intención de integrar a mujeres en cargos estratégicos de gobierno.
El candidato enmarcó la protección de las mujeres dentro de una política de seguridad integral, vinculó la lucha contra la corrupción con la defensa de las mujeres. Argumentó que cada peso desviado de salud, educación o programas sociales termina afectando con mayor intensidad a mujeres en situación de pobreza.
De La Espriella también enfatizó que la superación de la pobreza es una prioridad. Señaló que millones de colombianos enfrentan inseguridad alimentaria pese al potencial productivo del país. Propuso fortalecer el sector agrícola, respaldar a productores y dinamizar la economía regional como herramientas estructurales para reducir brechas.
En ese contexto, sostuvo que el crecimiento económico y la disciplina institucional son elementos inseparables de la equidad de género. Para él, no puede hablarse de verdadera protección a las mujeres sin empleo, seguridad y estabilidad macroeconómica.
Finalmente, reiteró su respaldo a la fuerza pública y a los veteranos como garantes del orden democrático. Considera que una institucionalidad fuerte es condición necesaria para que las mujeres vivan libres de violencia y con confianza en el Estado.
La tesis que expuso combina antecedentes jurídicos concretos, propuestas de seguridad y un discurso orientado a la responsabilidad fiscal. Más allá del tono político, la idea central que transmitió es que la defensa de las mujeres requiere leyes claras, autoridad efectiva y voluntad institucional sostenida.
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