El candidato presidencial propone una reforma integral que devuelva independencia, autoridad y confianza a la ley. Afirma que sin una justicia que funcione, el país seguirá hundido en la impunidad y el desgobierno.
Para Abelardo De La Espriella, la justicia colombiana se ha convertido en el mayor síntoma del deterioro del Estado.
Lo que debería ser el motor de la legalidad se volvió —según él— la garantía de la impunidad.
El abogado y candidato sostiene que el país no puede avanzar mientras los criminales de lesa humanidad ocupan curules en el Congreso de la República, los corruptos pasean por el mundo como conferencistas, y los hombres que defendieron a la patria son procesados por una justicia ideologizada.
En su diagnóstico, el problema no es solo la lentitud judicial, sino su captura política.
“En Colombia —advierte—, la ley ya no castiga: negocia. Y eso destruye la fe del pueblo en el Estado”.
De La Espriella recuerda que mientras criminales de las Farc gozan de beneficios y escaños, generales que enfrentaron al terrorismo son perseguidos judicialmente, y expresidentes señalados por corrupción siguen impunes. “Eso no es reconciliación —dice—, es complicidad institucional”.
En coherencia con la afirmación del líder natural de Defensores de la Patría, recientemente se conoció que Petro destina millones a escoltas y seguridad de delegados del ELN y disidencias Farc
Una reforma que devuelva independencia y credibilidad
Cuando De La Espriella afirma que “la justicia debe ser reformada como corresponde”, se refiere a una transformación estructural, no a un maquillaje burocrático.
Propone devolver la independencia a los jueces, establecer una verdadera carrera judicial basada en el mérito y eliminar la injerencia de los partidos en la elección de magistrados y fiscales.
La reforma que defiende busca recuperar la autoridad del Estado: cárceles que castiguen, procesos que avancen y jueces que respondan ante la sociedad.
Además, aboga por una modernización tecnológica que elimine la corrupción procesal, digitalice los expedientes y establezca tiempos obligatorios para cada etapa judicial.
Para él, no hay democracia posible con un sistema que premia la lentitud y castiga la eficacia.
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