En una transmisión en vivo, Abelardo De La Espriella responsabiliza al gobierno por el aumento de violencia urbana y plantea una política de mano dura que diferencie la protesta legítima de acciones terroristas.
Ante repetidos disturbios en Bogotá, Abelardo De La Espriella acusó al gobierno de promover una “estrategia perfectamente diseñada” para generar caos que facilite su permanencia en el poder. Su diagnóstico combina una lectura política de los desmanes y una promesa de “mano de hierro” para restablecer la autoridad, con límites claros sobre la autonomía universitaria y el ejercicio de la protesta.
De La Espriella fue categórico: “Detrás de eso está Gustavo Petro y sus cómplices para crear el caos que le permita de alguna manera atornillarse al poder”.
Desde su perspectiva, lo ocurrido en Bogotá —grupos que atacan a la fuerza pública, bloqueos y retenes— no es espontáneo. “Eso no es gratuito, eso no es fortuito; eso es un plan del gobierno de Gustavo Petro para generar el caos”, afirmó en el live.
Sobre esa base política formula una respuesta contundente: restablecer la autoridad como prioridad estatal y diferenciar claramente la protesta social legítima del “terrorismo urbano”.
El precandidato propone una política de seguridad con dos ejes claros: respeto a la protesta y tolerancia cero frente al uso de violencia. “En mi gobierno estará, por supuesto, permitida la protesta social, que es un derecho”, dijo, pero advirtió que “la protesta social no se puede confundir con el terrorismo urbano”.
En ese marco plantea medidas concretas y controversiales:
La estrategia anunciada por el líder de Defensores de la Patria busca recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y reasignar autoridad. Sin embargo, su eficacia y legitimidad dependen de dos factores: el respeto irrestricto a los derechos humanos en su ejecución y la capacidad de aislar a los verdaderos grupos violentos sin criminalizar la protesta.
La pregunta para el país es clara: ¿cómo restablecer el orden sin socavar las libertades civiles? Las respuestas exigirán profesionales en seguridad, controles judiciales y transparencia. Y, por supuesto, pruebas fehacientes si se presenta la tesis de que el caos fue deliberadamente diseñado por el gobierno.
La seguridad es poder y responsabilidad. Plantear mano dura atrae a quienes exigen orden, pero la democracia exige que esa fuerza se ejerza con límites y bajo la ley. La política de seguridad que proponga cualquier candidato deberá demostrar eficacia y apego irrestricto a las garantías constitucionales.
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