Abelardo De La Espriella lanzó un mensaje sin medias tintas: la prioridad del próximo gobierno será devolverles a los ciudadanos de bien lo más elemental y preciado —tranquilidad, seguridad y respeto— y que quienes quebranten la ley sientan, de una vez por todas, el pánico y el terror de la justicia efectiva.
“La paz no se negocia, la paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, afirmó el precandidato poniendo en el centro de su propuesta la restauración del orden y la autoridad del Estado.
Para materializar esa promesa, De La Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, propuso la construcción de seis megacárceles: centros penitenciarios de máxima seguridad diseñados para cortar de raíz las redes de criminalidad que operan desde las cárceles.
“La mayor parte de las extorsiones de Colombia salen desde los penales carcelarios”, explicó, y por eso insiste en que la función real de la pena —la resocialización cuando sea posible— no puede convertirse en un cheque al portador para que el crimen siga manejándose como si nada. “Bienvenido el que quiera redimirse, pero mientras tanto tiene que saber lo duro que muerde el tigre”, advirtió.
El modelo que propone es claro y severo: prisiones con condiciones que impidan la continuidad del delito desde adentro, controles de inteligencia que desarticulen cadenas de mando tras las rejas y sanciones reales para quienes no se sometan.
“Si usted se somete, muy bien: irá a una cárcel de máxima seguridad donde no podrá seguir delinquiendo. Si no se somete, la ley es clara y se aplicará con toda la firmeza del Estado”, sentenció. La idea no es la venganza, recalcó, sino la garantía de que la sociedad reciba la protección por la que paga impuestos y espera resultados.
Su discurso apeló a la ciudadanía cansada de extorsiones, de miedo en los barrios y de la impunidad que permite que los delincuentes sigan viviendo cómodamente a costa del sufrimiento ajeno.
De La Espriella prometió mano firme, pero también un Estado que aplique la ley con justicia, que permita la redención real para quien cambie y que no tolere la doble moral: “La función de la pena debe ser la resocialización, pero en la práctica eso no se cumple; por eso hay que cambiar las condiciones y la disciplina dentro de los penales”.
El mensaje fue un llamado a la decisión política: recuperar la autoridad del Estado, proteger a las víctimas y aplicar “mano de hierro” a los criminales para que la gente pueda volver a caminar tranquila por sus calles.
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