Mano dura y cárceles de máxima seguridad: la política penitenciaria de Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella presentó una propuesta contundente para reformar el sistema penitenciario colombiano. El precandidato presidencial advirtió que “lo que hay en Colombia no son cárceles, sino hoteles del mal”, y propuso un modelo basado en la concesión de centros carcelarios a privados, la eliminación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la creación de custodias especiales con presencia del ejército nacional.

Su planteamiento parte de una crítica frontal: el sistema actual no corrige, sino que permite que el crimen se fortalezca desde las prisiones. Por eso propone entregar la gestión de las cárceles a operadores privados mediante licitación, con estrictos controles estatales, para garantizar eficiencia y resultados reales.

“Hay que meter una división especial del Ejército para custodiar a los delincuentes. El INPEC es un cáncer que hay que extirpar”, señaló De La Espriella, al tiempo que defendió su visión de un sistema carcelario donde “los derechos de la gente decente estén por encima de los derechos de los bandidos”.

En su propuesta, los centros penitenciarios dejarían de ser espacios de ocio o privilegio, y se convertirían en verdaderas instituciones de cumplimiento de penas. A quienes se nieguen a someterse a la ley, dijo, debe aplicárseles “toda la fuerza del Estado”.

El líder del movimiento Defensores de la Patria sostiene que esta reforma es indispensable para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y proteger la seguridad pública. Su propuesta conecta con el sentimiento de indignación de miles de colombianos frente a la reincidencia criminal, la corrupción en el sistema penitenciario y la falta de resultados en materia de rehabilitación.

Pese a las controversias, De La Espriella apunta a un giro drástico en la política penitenciaria, centrado en la idea de autoridad, orden y castigo efectivo. 

En su visión, “la seguridad no se negocia”, y las cárceles deben volver a ser el símbolo de una justicia fuerte, donde los colombianos honestos se sientan protegidos y los delincuentes paguen su deuda con la sociedad.

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